La Fiscalía ha reclamado una lista de los ayuntamientos que hayan aprobado mociones de apoyo a la resolución parlamentaria de inicio del proceso de independencia que anuló el Tribunal Constitucional. También quiere saber qué partidos han apoyado y, si los secretarios e interventores de los consistorios han hecho informes favorables. El Ministerio Público cree que todo apunta a una estrategia concertada para incumplir la ley.

Entre los ayuntamientos investigados está el de Deltebre (Tarragona) y el de Vic, que el 9 de diciembre aprobó la moción. El Ministerio Público ha pedido una grabación del pleno y las intervenciones de cada uno de los concejales que se posicionaron sobre la urgencia de la proposición.

La Audiencia Nacional investiga ya la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y La Associació Catalana de Municipis (ACM) por posibles delitos de sedición y rebelión. El juez Ismael Moreno ha pedido a los tres cuerpos policiales que actúan en Catalunya (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil) informes sobre los estatutos, la financiación y las actividades de las tres entidades. Quiere saber si han sido las impulsoras y promotoras de la tramitación de las mociones que apoyan la resolución independentista del Parlament.

Rebelión y sedición

A finales de año, la Audiencia Nacional archivó la denuncia de la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) por delitos de rebelión y sedición por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament, anulada por el Tribunal Constitucional. Días después, sin embargo, la Fiscalía recurre y ahora amplía la investigación. El Ministerio Público hizo un informe el 22 de enero donde defendía la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los posibles "delitos de rebelión y sedición cuando la finalidad de los actos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado español y declarar la independencia de una parte del territorio, en este caso Catalunya ".

El delito de rebelión, tipifica el levantamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Está penado con entre 25 y 30 años de prisión. El delito de sedición persigue el alzamiento público, tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Este delito está castigado con entre 10 y 15 años de prisión.