Cambio de rumbo. La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria con el fin de dar explicaciones por las informaciones con respecto a las contrataciones y las posibles irregularidades en que se ha visto inmerso el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona durante los últimos años. La consellera ha admitido que se han producido, aunque ha optado por otra expresión para referirse: en concreto, ha hablado de "disfunciones, incidencias y errores de procedimiento" en el ámbito contable por una "estructura frágil en el ámbito de la gestión". Con todo, llega después de que el octubre pasado la Sindicatura de Cuentas y la Intervención General de la Generalitat ya detectaran una serie de contrataciones irregulares y sobresueldos en el Consorcio de los Servicios Sociales de Barcelona entre los años 2014 a 2019 que llegarían a uno global superior a los 20 millones de euros.
A pesar de eso, Violant Cervera ha querido centrarse en la "nueva etapa" que se está abriendo al Consorcio y que tiene como objetivo superar estos errores del pasado. Así, ha afirmado que "la voluntad" de la conselleria es ir solucionando esta situación. De esta manera se actuó en la reunión del Consorcio el noviembre pasado, en la que se acordó reforzar la plantilla del consorcio, el nombramiento de una nueva gerente con más de 30 años de experiencia, crear una gerencia adjunta, reactivar el comité directivo, reducir la temporalidad de los trabajadores y estudiar la posibilidad de una intervención previa interna. También ha apostado por que los directivos del Consorcio sean altos funcionarios, y no cargos políticos, como ha pasado a menudo, si bien ha remarcado que en el caso de este órgano la supervisión administrativa y económica es siempre a posteriori. "Y, por lo tanto, la única cosa que puede decir es si una contratación ha sido mejor hecha o peor hecha".
Más allá, la consellera también ha querido destacar varias fortalezas del Consorcio de Servicios Sociales, como la experiencia, la actitud y la motivación de sus trabajadores, la predisposición para asumir nuevas tareas y el hecho de acercar los servicios sociales al territorio. "La convicción de las administraciones consorciadas tiene que ser apostar por garantizar que se conviertan en un instrumento de gobernanza eficaz, proximidad y que dé respuesta a los retos sociales de la ciudad de Barcelona, como el envejecimiento, la vulnerabilidad y la infancia en riesgo. Avanzando así la atención centrada en la persona y con el objetivo último de la mejora de la calidad en la atención de las personas usuarias", ha afirmado.
El reclamo de los partidos
Desde el PSC, la diputada Mónica Ríos ha considerado que la explicación de la consellera ha sido "insuficiente" y que el Consorcio tiene carencias "estructurales", y que hay personas concretas como el exgerente Joan Uribe que han tenido que pagar las consecuencias de las irregularidades. Por su parte, la cupaire Basha Changue ha remarcado que "uno de los problemas estructurales es la mala praxis en la gestión". Y para los Comuns, Jessica González ha defendido la necesidad de impulsar instrumentos que regulen la contratación, eviten la privatización y permitan controlar la actividad interna. Ciutadans ha aplaudido que la nueva gerente no venga de un cargo político, y la ultraderecha de Vox ha criticado que se trata de una muestra más de las corruptelas de la Generalitat.
20 de 22 expedientes con irregularidades
El Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona es la entidad que gestiona la atención a las personas más necesitadas en la capital catalana y está participada por la Generalitat (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%). Entre sus tareas se incluye la gestión de los centros donde viven menores tutelados, pisos para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, residencias de personas con discapacidad y centros de terapia ocupacional. De los 22 expedientes analizados por el estudio sobre irregularidades, un total de 20, por valor de 22 millones de euros, se tramitaron sin transparencia y sin incluir la justificación legal de esta exclusividad. La auditoría del síndico refleja también que el Consorcio hizo contratos de un año que se podían prorrogar a seis, incumpliendo la normativa de contratación porque no se tenía en cuenta la naturaleza de la prestación y la necesidad de someter periódicamente a licitación.