Era una de las propuestas estrella del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas-Podemos y, de momento, ha chocado con una gran piedra por el camino. El pleno del Consejo General del Poder Judicial, todavía ahora en funciones, ha aprobado este jueves el informe crítico con el anteproyecto de ley para el derecho a la vivienda del gobierno de Pedro Sánchez. Este, ha sido elaborado por los vocales José Antonio Ballestero propuesto por el PNV y Enrique Lucas por el PP, y el texto ha sacado adelante con 15 votos a favor y 6 en contra, los de los vocales del sector progresista que dieron apoyo al primer informe del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que sí daba el visto bueno a la norma a pesar de la disconformidad de la mayoría. Ahora, se plantea un interrogante aunque este no es vinculante. Así pues, ñes conclusiones np afecto, su aprobación es un trámite preceptivo pero hay que tener el dictamen aprobado, para que el texto pueda pasar en el Consejo de Ministros e iniciar después su tramitación parlamentaria.
Lo que sí abre es la puerta a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional en caso de aprobarse. La gran negativa se basa en un posible control más fuerte del gobierno central que dejaría a las comunidades y la gestión municipal a simples técnicos de su tramitación y, una regulación de los precios del alquiler que al final afectarían a los mismos propietarios que estarían más ligados en los acondicionados normativos y aseguran que no favorecería la inversión. Así, se critica que la nueva ley supone una "clara limitación" de las competencias que ejercen las comunidades autónomas en esta materia, que quedan "expropiadas por el gobierno central". Y por otra parte, se alerta de que regular la vivienda "corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias de acuerdo con la orientación política mayoritaria que hay y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en esta materia".
Una ley "nociva"
A lo largo de sus 60 páginas, el informe se refiere al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "incongruente", "nocivo" y señala que sus directrices generales están "pensadas de un dirigismo claro de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en la orden constitucional de competencias." En esta línea, recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estattal perpetra con esta ley una expropiación regulatoria. La negativa también venía dada por el mismo sector. Ya antes de la respuesta del CGPJ, consideraron que la ley constataba una "incredulidad" de la realidad. En corte|trozo dexemple, desde Fotocasa creen que el gobierno tiene que hacer un "ejercicio de responsabilidad" y no apresurarse con la aprobación de la ley es lo que conviene. "El CGPJ es un órgano sumamente prestigioso y creemos que sus opiniones y observaciones tienen que ser tenidas en cuenta", añaden.
Unidas-Podemos, a la contra
En el extremo opuesto queda Unidas-Podemos: "Es un ataque contra los jóvenes que no se pueden emancipar y no acceder a una casa o un piso en condiciones dignas". Así lo ha calificado la portavoz regional de Podemos en Murcia, María Marín, que ha recordado que el artículo 47 de la Constitución Española "recoge el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental". Un artículo que, tal como señala "queda en papel mojado, en una mera declaración de intenciones, cuando tener una casa propia se ha convertido en un lujo al alcance de pocos bolsillos".