El informe inicial, que avalaba la ley de vivienda del Gobierno, fue tumbado por la mayoría del CGPJ hace diez días. Y el órgano de gobierno de los jueces ya dispone de un nuevo texto. Esta vez es muy crítico, como era fácil de intuir. El nuevo dictamen, elaborado por los vocales Enrique Lucas (propuesto por el PNV) y José Antonio Ballesteros (propuesto por el PP), y al que ha tenido acceso ElNacional.cat, censura el anteproyecto de ley al considerar que limita las competencias de las comunidades autónomas. Y también dispara contra los ministros —y el mismo Pedro Sánchez— que en estos últimos días han subrayado que la opinión de la judicatura no era vinculante, solo preceptiva. El borrador será sometido a votación del pleno esta misma semana.
El nuevo texto de Lucas y Ballesteros, como ya plasmaba la enmienda a la totalidad, denuncia en la norma "un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias". Así, si bien el nuevo informe reconoce la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas de vivienda para atender situaciones de necesidad social, también remarca que estas "actuaciones tienen que respetar las competencias autonómicas". El ejecutivo central puede aprobar normas "de intervención de carácter excepcional y coyuntural".
"La vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud de la Constitución y los estatutos de autonomía", insiste el nuevo texto. "El núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponden a cada una de las comunidades autónomas, que ejercen sus competencias de acuerdo con la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en esta materia", añade.
Esta es la principal objeción del órgano de gobierno de los jueces, pero no el único reproche que hace. De hecho, cuestiona uno de los puntos clave: la intervención de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. El informe señala que "siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un contenido farragoso" y recuerdan que las limitaciones para grandes propietarios ya están previstas en la ley de arrendamientos urbanos. Y no ven suficientemente justificada la medida, porque se limita a "evaluar beneficios sociales e inconvenientes sobre la base de un análisis empírico del resultado de medidas en países de nuestro entorno que han obtenido fracasos evidentes".
El CGPJ también señala que la iniciativa de la ministra Raquel Sánchez no entra en la concreción en muchos aspectos y que recoge conceptos sobre la vivienda que en algunos casos son "vulgares", porque sobrepasan el objeto de una ley. Incluso en la misma definición inicial de "vivienda", que según el borrador es "innecesaria y desde una perspectiva jurídico-privada no se identifica con la descripción que se contiene" en otras leyes. Y remacha en este sentido: "Tampoco parece jurídicamente oportuno fosilizar en una ley el concepto, más vulgar que jurídico, de 'vivienda digna' —no lo hace la Ley del suelo—, sin duda un poco relativo y que si procede tendría que ser objeto de contemplación reglamentaria, siempre más dúctil para su acomodación a la mutante y variada realidad social. Entre la vivienda 'digna' y la 'infravivienda' sin duda existirán necesariamente situaciones intermedias que quedarían en el limbo jurídico".
Reproche al Gobierno
Después de que el CGPJ tumbara el primer informe, los ministros y el mismo Pedro Sánchez se apresuraron a recordar que el informe del CGPJ solo es preceptivo, pero no vinculante, y que saldrían adelante con sus planes. "El CGPJ no hará que nos despistemos de convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar", aseguraban fuentes de La Moncloa la semana pasada. "Las fórmulas hasta ahora para garantizar este derecho no han sido suficientes", recordaba el presidente del Gobierno, que se comprometía con el anteproyecto de ley.
El nuevo texto de la judicatura responde a estas afirmaciones: "El alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe, en este caso, el Gobierno de la nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos gobiernos y hasta el momento presente".
Podemos responde
Después de que se haya filtrado el nuevo borrador, desde Unidas Podemos han reaccionado. "Los intentos de frenar los derechos de los inquilinos vienen de una reacción obsesionada para impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución", ha criticado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos. Desde la sociedad civil, el Sindicat de Llogateres de Catalunya también ha denunciado el nuevo "tropiezo" y el bloqueo en el que se encuentra el anteproyecto de ley. La entidad ve absurdo que se escuden en la descentralización de competencias cuando los jueces han tumbado "sistemáticamente" leyes catalanas por invadir competencias estatales.