El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone fin al baile de cifras, pero no del todo. En el conjunto del Estado, desde octubre del 2022 —cuando entró en vigor la ley del solo sí es sí—, hasta el 1 de marzo de 2023 se han decretado 721 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y al menos 74 personas han salido de la prisión gracias al nuevo marco penal. En Catalunya se han registrado 49 rebajas de pena y 5 excarcelaciones. Es el cálculo del CGPJ resultante a partir de los datos facilitados por el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces apunta que los datos podrían aumentar teniendo en cuenta que algunos órganos judiciales no han aportado la información solicitada. "No se dispone del dato global de asuntos ya revisados, en trámite o pendientes de revisar por los órganos judiciales", señalando que "algunos de estos han manifestado la dificultad que supone la huelga que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia".
Yendo al detalle de las cifras facilitadas y si nos fijamos en el marco estatal, el Tribunal Supremo (TS) ha pactado 10 rebajas de penas y ninguna excarcelación, los tribunales superiores de justicia han validado 37 (y una excarcelación) y en las audiencias provinciales es donde se concentra el grueso: se han aprobado 647 rebajas y hay 73 casos en los que los condenados han podido salir de prisión, beneficiados por la nueva normativa. En el caso catalán, según el listado enviado por el CGPJ, la Audiencia Provincial de Barcelona, de los 65 expedientes revisados, ha rebajado la condena a 28 agresores, tres de los cuales han quedado en libertad. Por detrás, la de Lleida acumula ocho rebajas y ninguna excarcelación de las doce sentencias reexaminadas. En Tarragona, los tribunales llevan seis reducciones y ni una excarcelación y en Girona ha habido dos agresores sexuales que, con la reducción decretada, han salido de la prisión. Del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se han decretado 6 rebajas.
Si se amplía el foco, la letra pequeña permite constatar que la Audiencia Provincial de Madrid es donde se han dictado más reducciones (71 de 451 revisiones y 8 excarcelaciones) por delante de la de Valencia (23 de 193 casos reexaminados) y la de las Islas Baleares (46 reducciones y 6 excarcelaciones de 111 casos). Con respecto a los tribunales superiores de justicia, Madrid y Andalucía están al frente con ocho y seis condenas rebajadas. En la comunidad del sur peninsular también figura un agresor excarcelado.
Los matices de CGPJ
Al principio de febrero, el Consejo General reclamó a todos los juzgados del Estado que lo ayudaran a poner orden en la cascada de rebajas que se estaban anunciando a causa de la ley del solo sí es sí. Por eso les reclamó todas las resoluciones que habían dictado en aplicación de la norma impulsada por el ministerio de Igualdad. El caso es que la operación ha salido a medias porque, según ha advertido el comunicado librado este jueves al mediodía, "no todos los órganos judiciales han aportado esta información y, por lo tanto, en las tablas facilitadas figuran tan solo las excarcelaciones confirmadas y comunicadas".
En esta misma línea, y "ante la dificultad en recolectar información de los órganos unipersonales", tampoco quedan reflejadas las revisiones de pena tramitadas por los juzgados de lo penal, encargados de perseguir delitos contra la libertad sexual penados con hasta 5 años de prisión. En la comunicación del CGPJ, la Comisión Permanente del cual se compromete a "actualizar la información de forma periódica", también se especifica que los datos incluyen, al margen de rebajas y excarcelaciones, "las absoluciones comunicadas" que son producto de la "destipificación del delito de abuso sexual cometido mediante el engaño con menores de entre 16 y 18 años", que sí que estaba castigada en el anterior Código Penal.
La reforma del PSOE, a debate el 7 de marzo
La ley está en vigor desde octubre del 2022 y, ya en noviembre, se conocieron las primeras rebajas de condenas. Aquello sacudió la opinión pública e hizo colapsar al gobierno de coalición. Para intentar frenar las reducciones, el PSOE registró este febrero una propuesta de reforma. Lo hizo en solitario, sin la complicidad de Unidas Podemos, que entró en cólera porque, según la ministra de Igualdad, Irene Montero, los cambios del PSOE suponen "retornar al Código Penal de la Manada", a partir del cual "la violencia y la intimidación" vuelven a estar en el centro y recuperan "el infierno probatorio" que tendrían que superar las víctimas para demostrar la agresión. Los dos partidos de la coalición están atascados desde entonces y tendrán que encontrar una solución pronto porque el martes 7 de marzo, víspera del 8M, se debate la toma en consideración de la reforma del PSOE en el Congreso de los Diputados.