Las negociaciones para renovar al órgano de gobierno de los jueces están avanzando a marchas aceleradas. Pero el ente presidido por Carlos Lesmes no se marcha sin haber disparado antes. Reunido este jueves, el pleno del CGPJ ha emitido un informe que cuestiona los elementos centrales de la ley Montero, la de garantía de la libertad sexual. Empezando por su gran pilar, el consentimiento sexual, el "sólo sí es sí". También la unificación del abuso y la agresión sexual. El informe, elaborado por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, ha sido aprobado por unanimidad de los 21 miembros. Desde el Ministerio de Igualdad recuerdan que el CGPJ ya hizo lo mismo con la ley de violencia machista del 2004. El informe, sin embargo, no es vinculante.
Con respecto al consentimiento sexual, el órgano de gobierno de los jueces desmonta el concepto, asegurando que la definición que se hace "determina un aparente desplazamiento de la carga de prueba". De esta manera, según el informe, es la defensa la que tiene que probar la voluntad expresa de participar en el acto. "De esta manera, se estarían alterando de forma sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", asegura el documento.
Por otra parte, la ley de Irene Montero también acaba con la distinción de abuso sexual y agresión sexual, y todo pasa a ser agresión sexual. El CGPJ también hace una enmienda a la totalidad. En primer lugar, argumenta que "puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias un medio más lesivo que otro de una intensidad menor". En segundo lugar, añade, "se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad".
La respuesta de la ministra Irene Montero ha sido clara: "Sólo sí es sí. Será ley".
Negociaciones en marcha
Esta probablemente sea una de las últimas decisiones del actual pleno del CGPJ, que tiene el mandato caducado desde hace más de dos años. El PSOE y el PP están negociando estos días, a marchas aceleradas, la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Como gesto, la actual junta, presidida por Carlos Lesmes, ha acordado aplazar ocho nombramientos previstos para hoy, entre los cuales tres plazas del Tribunal Supremo. Se abordarán en un pleno extraordinario jueves que viene.