Tensión entre el Poder Judicial y la Moncloa. Y apoyo sin fisuras del Consejo General del Poder Judicial a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de absolver a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado. En una declaración institucional aprobada por unanimidad, el CGPJ envía un mensaje a los políticos, cuatro días después de que María Jesús Montero lamentara que “se cuestione el testigo de una víctima” y se ponga la presunción de inocencia “por delante del testigo de las mujeres”. “Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, subraya el CGPJ. Y apela a la vicepresidenta primera del Gobierno: “La protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”.

 

Asimismo, expresa que “confía en la profesionalidad y capacitación técnica” de los magistrados que han intervenido en el caso, tanto de la Audiencia de Barcelona (que emitió la sentencia condenatoria inicial) como del TSJC (que ha absuelto al exjugador del Barça) y les traslada “todo su apoyo con independencia del sentido de sus decisiones”. Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces también destaca que la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores “forma parte de la normalidad del Estado de derecho” en un sistema que busca el “acierto de la decisión última”. En este sentido, la sentencia del TSJC “no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales”.

“Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima”

Todo estalló el sábado, cuando María Jesús Montero aprovechó un acto del PSOE andaluz en Jaén para mostrar su rechazo a la decisión de los magistrados de absolver a Dani Alves. “Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes y valientes que deciden denunciar a los poderosos y a los famosos”, verbalizó. “Qué vergüenza la sentencia, después del que nosotros hemos luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres”, añadió.

Dos días más tarde, el PSOE admitió en privado que la número dos del partido y de la Moncloa “se dejó llevar por la impotencia” y “se podría haber explicado mejor”. Delante de las cámaras, la portavoz socialista, Esther Peña, se limitó a replicar que la sentencia “no genera seguridad a las mujeres víctimas de violencia sexual que necesitan el apoyo de las instituciones para denunciar”. Posteriormente, expresó que las declaraciones de Montero forman parte de la “libertad de expresión” ante una sentencia “difícil de digerir”.

Jueces y fiscales replican a Montero: “Pone en peligro el Estado de derecho”

Quien también reaccionó fueron las asociaciones de jueces y fiscales, que reprobaron las declaraciones de Montero. En un comunicado conjunto, las siete asociaciones instaron a “todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a fallos judiciales”. “Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero tienen que ser fundadas y contextualizadas, si no pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de derecho”, concluyeron.

Feijóo cree que las palabras de Montero son una “instrucción” de Sánchez

Por su parte, el PP enmarca las críticas de Montero en una “hoja de ruta” del PSOE para “desacreditar a la justicia porque está ahogado por presuntas conductas delictivas”. Alberto Núñez Feijóo ha lamentado esta mañana que las palabras no hayan recibido “ni rectificación ni matización ni desautorización” por parte de nadie de la Moncloa: “Debería de haber dimitido o debería de haber sido cesada”, ha proclamado el líder del PP en un desayuno informativo organizado por La Razón. Y ha concluido que si Pedro Sánchez no la cesa, quedará “claro” que se trata de una “instrucción” del presidente del Gobierno para “lanzar un nuevo ataque a la justicia”. “Es una exaltación de la ignorancia sobre cómo funciona la justicia”, ha insistido Feijóo. “Son [unas declaraciones] inadmisibles en un Estado de derecho y son incompatibles con el ejercicio de una función pública”, ha remachado.