El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere poner orden en el baile de datos que está provocando la aplicación de la llamada ley del solo sí es sí, que está sacudiendo el avispero político a raíz de la crisis abierta entre el PSOE y Unides Podem, ha generado cierta alarma social por la revisión de condenas y está trastocando a los juzgados, a quienes les toca interpretar la norma estrella del ministerio de Igualdad. Uno de los motivos de la controversia es el número confuso de penas rebajadas y la excarcelación de condenados por delitos sexuales que han sido, al fin y al cabo, carne de cañón para la disputa política. Para conocer los efectos concretos que ha tenido la ley, el CGPJ ha pedido a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad y a las audiencias provinciales todas las resoluciones que se han dictado respecto de la normativa que la coalición pugna por revisar después de entrar en vigor en otoño.
El órgano de gobierno de los jueces aspira a poner luz en el debate y, a propuesta de la vocal y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se dirigirá a los tribunales de las comunidades autónomas. "La petición tiene como finalidad hacer un análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente", indica el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.
Además, con este objetivo, ha acordado que "la Comisión Permanente provea el Observatorio de los medios materiales y personales necesarios para realizar este trabajo". A pesar de no poner una fecha límite para que se entregue todo el material requerido, el CGPJ pretende aclarar, con datos y rigor, cuántas resoluciones han implicado una rebaja de penas; cuántas veces las han mantenido y cuántas están pendientes de revisión.
El baile de datos: al menos 463 rebajas
Hasta el momento, y según una recopilación de datos no oficial, el número de condenados por delitos sexuales que se han beneficiado por el nuevo marco normativo asciende a los 507 entre revisiones a la baja y sentencias posteriores a la aplicación de la norma. Según este recuento efectuado por Europa Press, desde octubre se ha ordenado la excarcelación de 42 personas. En estos casos, los magistrados justifican la revisión en aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que se tendrá que aplicar la ley más favorable al preso. Sin embargo, algunos juristas como el emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, en una entrevista en ElNacional, asegura que los juzgados están interpretando mal la norma y defiende que las penas no se tendrían que tocar, en virtud de la disposición quinta del mismo Código.
Sin datos se hace difícil obtener una visión global del impacto que está provocando la ley teniendo en cuenta que hay tribunales que no publicitan datos concretos. De hecho, la misma ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora del texto conjuntamente con el departamento de Justicia, calificó de "inaudito" el domingo pasado que todavía no haya datos oficiales de "cuántas sentencias se han revisado y cuántas no" y "cuántas son firmes y cuántas no".