El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias para estudiar la reclamación de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con datos suyos y de otros fiscales en la causa en que se lo investiga por supuesta revelación de secretos. Según ha informado el CGPJ en un comunicado, la Dirección de Supervisión y Control de Datos "ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos recibidos en el órgano de gobierno de los jueces" por parte del fiscal general y de la exfiscal general y actual fiscal de la sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General, Dolores Delgado. El CGPJ recuerda también que "las funciones propias de las autoridades de protección de datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con finalidades jurisdiccionales por juzgados, tribunales y oficinas judiciales corresponden al CGPJ".
La UCO remitió al Tribunal Supremo un informe sobre el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, en el marco de la investigación contra García Ortiz y dos fiscales más por presunta filtración de datos de la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Algunos de estos documentos se han filtrado al público general, con la consiguiente difusión de datos personales —números de teléfono, direcciones postales y DNI— tanto del fiscal general del Estado como de su escolta, así como los teléfonos profesionales de Delgado, un abogado y un periodista, entre otras personas.
El Supremo desestima suspender a García Ortiz como fiscal general
Por otra parte, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscals (APIF) contra el auto de 25 de noviembre de 2024 que rechazaba suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general de Estado a raíz de su imputación. El magistrado ha recordado los motivos por los cuales se rechazó inicialmente la suspensión cautelar de su cargo, incluyendo los decretos por los cuales el fiscal general se comprometía a "abstenerse de intervenir en cualquier actuación" en relación con la causa en contra suya. Hurtado también ha señalado en el auto que, en contra de aquello que pedía la APIF, el hecho de que el mismo fiscal general no pueda resolver sobre su propia suspensión cautelar, tal como se establece en la legislación vigente, esto no tiene que servir para derivar la competencia al juez de instrucción. "