Ya hace más de dos años que el mandato del CGPJ de Carlos Lesmes está caducado. El Congreso de los Diputados ya ha empezado a tramitar una reforma para limitarle las funciones cuando su periodo ya ha expirado. Pero el órgano de gobierno de los jueces no se siente interpelado. Sin ir más lejos, este jueves ha procedido a nombrar cuatro nuevos cargos gubernativos, con una amplia mayoría pero sin unanimidad. El órgano de gobierno de los jueces también ha iniciado los trámites para nombrar a seis nuevos magistrados del Supremo. Mientras tanto, la renovación parece lejos, porque el PP de Pablo Casado no se mueve de su bloqueo hasta que Unidas Podemos desaparezca de la ecuación.

El CGPJ justifica que las cuatro plazas estaban vacantes desde finales del año pasado. El cargo más importante es la presidencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, al frente de la cual se ha colocado al magistrado a José Pablo Aramendi, que ha obtenido 17 de los 21 votos de los lleno del órgano. Su contricante, Emilia Ruiz-Jarabo, ha obtenido un solo voto. Los otros tres votos han sido en blanco.

Por otra parte, se ha nombrado a María José Renedo como presidenta de la sala de lo social del TSJ de Castilla y León, a David Ordóñez como presidente de la sala contenciosa-administrativa del TSJ de Asturias y a Joaquin González Caspo como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Estos tres nombramientos han obtenido 18 votos favorables. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda también han votado en blanco.

No sólo eso, sino que el pleno del CGPJ también ha acordado hoy, por 20 votos a favor y uno en contra, las bases del proceso de selección de doce nuevos nombramientos discrecionales para cubrir vacantes de los últimos meses. Entre estas plazas, hay seis del Tribunal Supremo: dos en la sala primera, dos de la sala tercera, una de la sala cuarta y otra de la sala quinta.

El Congreso se mueve

El Consejo General del Poder Judicial tiene el mandato caducado desde hace más de dos años. Y no sólo no parece que tenga que acabar pronto el bloqueo, sino que además los de Carlos Lesmes siguen haciendo nombramientos sin traba. Justamente con eso quiere acabar el Gobierno. Este martes, pusieron la primera piedra, en un movimiento que también busca presionar a Pablo Casado. La reforma de la ley del poder judicial para limitar las funciones superó el primer trámite en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. En cambio, la reforma para alterar las mayorías para escoger al órgano de gobierno de los jueces continúa congelada por La Moncloa, que todavía no la lleva a la cámara. Está a la espera de que el PP acceda finalmente a renovarlo. De hecho, el mismo martes por la tarde Sánchez llamó a Casado. Una conversación de 45 minutos que no sirvió de mucho