El juez tuitero Carlos Antonio Vegas ha recibido finalmente buenas noticias. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no abrirá ninguna falta disciplinaria contra él después de que el Govern denunció los tuits en que apostaba por enviar al ejecutivo de Pere Aragonès a la prisión o defendía que los jueces desestimen cualquier iniciativa de la Generalitat, "tenga razón o no". El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ ha decidido archivar la diligencia contra él por considerar que los hechos denunciados "no son constitutivos de falta disciplinaria alguna".
Carlos Antonio Vegas escribía sus tuits tras el nombre de Randy Watson y el usuario @EstadoCharnego y, no obstante, no escondía su condición de juez. Era conocido en la red por sus tuits machistas y por las críticas al gobierno de PSOE-Podemos, a menudo con un lenguaje muy grosero, y había situado también bajo su objetivo la inmersión lingüística. "El catalán no se toca pero a los niños catalanes los sobáis mientras se os pone morcillona", contestó a un tuit del líder de ERC, Oriol Junqueras, defendiendo la inmersión.
La diligencia informativa ante el CGPJ se abrió después de que la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, denunció los tuits publicados por el juez. A esta denuncia se añadió la recusación aceptada por el TSJC por falta de imparcialidad en una causa que afectaba a la periodista Pilar Rahola. Al hacerse pública estas denuncias, el juez puso el candado en su cuenta.
Bajo seudónimo
Precisamente el hecho de que actuara escondiendo su nombre real ha sido el argumento usado por el responsable de la acción disciplinaria para descartar abrir ningún expediente al juez. "El magistrado emitió los tuits bajo seudónimo y en una cuenta privada, por lo cual cabe presumir de que actuó a título particular utilizando un nombre que no revelaba, ni directa ni indirectamente, su pertenencia a la carrera judicial", argumenta en respuesta a la denuncia de la consellera.
Además, según el promotor de la acción disciplinaria, los tuits del juez no figuran entre los supuestos que imponen límites a la libertad de expresión de los jueces contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Estos supuestos se refieren a la revelación de secretos, el enfrentamiento grave con autoridades de su circunscripción, la corrección del ejercicio de la función jurisdiccional hecha por otros integrantes de la carrera judicial, o a la falta de la consideración debida.
Ética judicial
Además, asegura que las vulneraciones de los principios de la ética judicial a los cuales apela la consellera en su queja quedan fuera de la acción disciplinaria y que así lo acordó el pleno del CGPJ en diciembre del 2016 cuando determinaron que "las hipotéticas vulneraciones de los principios de ética judicial carecen de consecuencias disciplinarias siempre y cuando la conducta que se trate no encaje en alguna de las infracciones disciplinarias recogidas en la LOPJ".
Por lo que respecta a la comunicación del TSJC sobre la recusación en el juicio de Rahola, el informe admite que los tuits generan dudas sobre la apariencia de imparcialidad. En este sentido, recuerda que es una falta disciplinaria muy grave el incumplimiento del deber de abstenerse en un procedimiento judicial por "enemistad manifiesta" con una parte.
No obstante, considera que tampoco se dan las circunstancias para la infracción en este punto, porque el hecho de que un magistrado no se abstenga "no constituye por sí mismo una infracción disciplinaria", sino que se tiene que hacer "a sabiendas" que existe una razón para hacerlo. "En el caso analizado el magistrado negó tener un sentimiento de enemistad hacia la denunciante y tampoco existió trato personal previo entre los dos", asegura, además de destacar que finalmente se aceptó la recusación no por indicios de enemistad manifiesta sino "por la quiebra de la apariencia de imparcialidad causada por los tuits".