Manuel Marchena vive sus últimas semanas como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. El magistrado que presidió el tribunal que condenó al Govern de la Generalitat por el referéndum del 1 de octubre y que ahora se niega a aplicar la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva llegó a la presidencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal en 2014 y revalidó el cargo en 2019. Su mandato expira el próximo 8 de noviembre (sin posibilidad de prorrogarlo) y, ante este escenario, el nuevo Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir la convocatoria para elegir quién será su sucesor. Junto con este proceso, el órgano de gobierno de los jueces también pone la primera piedra para nombrar a la nueva presidencia de la Sala de lo Civil, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Eso sí, después de dejar la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena continuará como juez del Alto Tribunal.
Si el nombramiento del sucesor de Marchena no llega a tiempo, quien cogerá al relieve interinamente será Andrés Martínez Arrieta, el magistrado más antiguo de la Sala Segunda. De hecho, su nombre es, junto con el de Ana Ferrer, uno de los que suena como posible futuro presidente de la Sala Penal. La importancia de la Sala Segunda en la arquitectura de la justicia española es caudal, dado que es la encargada de instruir los casos que implican a aforados (como miembros del Consejo de Ministros, diputados del Congreso, senadores o el fiscal general del Estado) y de revisar en última instancia las sentencias penales.
¿Cómo será el proceso? El CGPJ informa en un comunicado que podrán presentarse como candidatos “todas las personas pertenecientes a la Carrera Judicial que tengan la categoría de magistrado del Supremo” con dos condiciones: que se encuentren en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y que cuenten con tres años de servicio como jueces del Alto Tribunal. En su solicitud, los candidatos tendrán que detallar los “méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos, capacidad e idoneidad”, incluir un “programa de actuación descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la mejora del funcionamiento del órgano judicial” y aportar una memoria con las resoluciones jurisdiccionales de “especial relevancia jurídica” que hayan dictado como magistrados del Supremo. Asimismo, el CGPJ señala que atenderá a lo previsto en la Ley de Paridad, de tal forma que se garantice el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Manuel Marchena, diez años como presidente de la Sala Penal del Supremo
Manuel Marchena llegó a la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo en septiembre de 2014 para relevar a Juan Saavedra, que abandonó el cargo después de jubilarse. En la votación en el CGPJ, Marchena consiguió doce de los veinte votos y superó a Cándido Conde-Pumpido (el actual presidente del Tribunal Constitucional) y a Miguel Colmenero (que desde febrero de 2013 es el presidente de la Junta Electoral Central). Obtuvo los votos de los diez vocales propuestos por el PP, de la vocal propuesta por CiU y del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Cinco años más tarde, en octubre de 2019, Marchena fue el único candidato y revalidó su cargo con diecinueve votos a favor y dos en blanco.
Por cierto, en 2018, estuvo a punto de convertirse en presidente del CGPJ. Era el nombre consensuado entre el PP y el PSOE, pero después de que se filtrara un WhatsApp de Ignacio Cosidó, que era portavoz del PP en el Senado, presumiendo que los populares controlarían “por detrás” la Sala Segunda del Supremo, Marchena renunció en defensa de su independencia.
Procedente de la carrera fiscal, previamente había sido fiscal en la Audiencia Territorial de Las Palmas (1985-1992), fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (1992-1994 y 1996-2003) y fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1994-1996). En 2003, fue designado fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica (con Jesús Cardenal como fiscal general del Estado) y en 2004, fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, con destino en la sección penal. Estuvo allí hasta enero de 2007, cuando fue elegido magistrado de la Sala Segunda como jurista de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio. Como juez de la Sala Penal, formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por prevaricación por las escuchas de la Gürtel y archivó por prescripción la causa contra el mismo juez por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York.
El CGPJ también prepara el relieve en las salas de lo Civil, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social
Manuel Marchena no es el único presidente de Sala a quien el CGPJ busca sucesor. En los otros tres casos, el CGPJ pretende acabar con situaciones de interinidad que se arrastran debido al bloqueo en la renovación del CGPJ. En primer lugar, la presidencia de la Sala Primera (de lo Civil) es ejercida en funciones por Francisco Marín desde el mes de abril, cuando se cumplieron cinco años desde su nombramiento. En segundo lugar, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) está presidida en funciones por Pablo Lucas desde diciembre de 2022, después de que el que era su presidente, César Tolosa, fuera nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. En ese mismo momento, quedó vacante la presidencia de la Sala Cuarta (de lo Social), dado que su presidenta, María Luisa Segoviano, también se incorporó al TC. Desde aquel momento, la presidencia ha sido ejercida en funciones por Rosa María Virolés (hasta julio de 2023) y por Antonio Vicente Sempere (desde entonces). La quinta Sala del Supremo es de lo Militar. En este caso, Jacobo Barja de Quiroga fue nombrado su presidente en octubre de 2020, así que todavía le queda un año de mandato.