Nueva reprimenda del Poder Judicial contra los diputados que critican a los jueces. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración que proclama que es necesario “asegurar en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial” y “evitar descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”. El órgano de gobierno de los jueces rechaza “con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del poder legislativo”, afirma que “la inviolabilidad parlamentaria no queda gravedad en su actuación” y reitera su defensa de “la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y jueces españoles”. “Entendemos que el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado”, rubrica el comunicado.
Es la réplica del Poder Judicial a los diputados del Congreso que criticaron las maniobras de jueces como Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre para torpedear la aplicación de la amnistía. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, se refirió a la “justicia prevaricadora española”, acusó a los “jueces prevaricadores” de “rebelarse contra el estado de derecho” y señaló directamente a los magistrados Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre. Por su parte, Gerardo Pisarello, diputado de Catalunya en Común (dentro Sumar), calificó García-Castellón de juez “parcial” y afirmó que “merece ser acusado de prevaricación o directamente recusado”.
La semana pasada, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ya se pronunció en unos términos parecidos: “Lamento ser pesado, pero más lo son ellos: amén del sainete y por lo que nos afecta, hemos vuelto a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial”. “Que nos dejen en paz”, volvió a suplicar, como ya hizo en diciembre. El pleno del CGPJ se ha celebrado este lunes de forma extraordinaria a petición de los vocales conservadores del CGPJ, que consideraban que era “imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley” y denunciaban que el señalamiento a jueces es “contrario al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial”. Para los vocales propuestos por el PP, las palabras de los diputados la semana pasada “debilitan la confianza” de los ciudadanos en la Justicia, “contribuyen al deterioro institucional” y “merecen un rotundo rechazo”, más todavía si “interfieren en una investigación en curso”. Los vocales conservadores también criticaron “la aquiescencia y el mutismo” de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Una pugna entre el CGPJ y los diputados que viene de lejos
El intercambio de reproches entre parlamentarios y Poder Judicial no es nuevo. El CGPJ ya alzó la voz el mes de diciembre a raíz de un discurso de Míriam Nogueras, durante el debate de las comisiones de investigación sobre la Operación Catalunya, el caso Pegasus y los atentados de agosto del 2017, y de unas palabras en el Senado de Josep Lluís Cleries, portavoz de Junts en la Cámara Alta. En aquel momento, la portavoz de Junts en el Congreso definió como “personajes oscuros” al juez Francisco Pérez de los Cobos y los coroneles de la Guardia Civil Daniel Baena y Diego Pérez de los Cobos y calificó de “personajes indecentes” a Concepción Espejel (magistrada del TC), Carlos Lesmes (expresidente del CGPJ), Pablo Llarena (juez de instrucción del juicio del Procés) y Carmen Lamela (instructora del Caso de Sandro Rosell). Por su parte, Josep Lluís Cleries acusó a algunos jueces de emprender una “batalla política” para “intentar torpedear” la ley de amnistía.
A raíz de estas intervenciones, Vicente Guilarte amenazó a Míriam Nogueras con tomar de medidas contra “el señalamiento” de jueces españoles. Dos días más tarde, rechazó el “efecto devastador” que tienen los “frecuentes e injustos” intentos de deslegitimación del Poder Judicial: “Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz”, exhortó Guilarte. Además, en aquel momento, los nueve magistrados conservadores también reclamaron un posicionamiento “claro y rotundo” que pusiera fin al “acoso y quiebra del estado de derecho”. El siguiente pleno del Congreso, Míriam Nogueras contestó a Vicente Guilarte que “ninguna ley le atribuye el control o la vigilancia de la legítima actividad” que hacen los parlamentarios, y rechazó “las amenazas y el acoso de la cúpula judicial española”. “Un presidente interino del CGPJ no puede llamar a la orden a una diputada de esta cámara”, proclamó.
Ahora bien, los parlamentarios de Junts no han sido los únicos que han estado en la diana del Poder Judicial. Justo hace quince días, el CGPJ también se revolvió contra las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, cuestionando al juez Manuel García-Castellón por “inclinarse siempre en la misma dirección” y tener tendencia a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”. La Comisión Permanente del CGPJ consideró que las declaraciones de Ribera eran “contrarias a los principios de lealtad institucional” y al “deber general de respeto a la independencia judicial” y exigió “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la justicia”.