En marzo de 2020 se detuvieron nuestras vidas. Un virus aparecido en Wuhan se extendió por todo el mundo y originó una pandemia de dimensiones incontrolables. El coronavirus, presentado como Covid-19, llegó también a Catalunya y obligó al Govern de la Generalitat y al Gobierno a tomar medidas inéditas. Una de las primeras (y la más drástica de las últimas décadas) fue el confinamiento. Lo aprobó el Consejo de Ministros del gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos dos meses después de la investidura de Pedro Sánchez. La Moncloa aplicaba el estado de alarma en todo el estado por primera vez en la historia. “España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias, una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de los ciudadanos”, defendió al presidente español en uno lejano 14 de marzo de 2020. “Estamos preparados, tenemos las ideas claras y no nos temblará la mano para ganar el virus. […] Las medidas que adoptaremos son drásticas y tendrán desgraciadamente consecuencias”, reconoció el presidente español.
“Afecta a todo el territorio durante quince días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso si fuera necesario. A partir de hoy la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España”, verbalizó Pedro Sánchez, que justificó que el virus “no distingue de territorios, colores políticos o ideologías”. Esta centralización de las competencias levantó los recelos del Govern y de los partidos independentistas. La principal decisión fue que las personas únicamente podrían circular por las vías de uso público para las actividades esenciales, como adquirir alimentos, asistir a centros sanitarios, desplazarse a los lugares de trabajo o cuidar a los mayores. Asimismo, se suspendió, por ejemplo, la actividad educativa y universitaria presencial, la mayor parte de la actividad comercial minorista o la apertura al público de museos y bibliotecas. Además, la asistencia a los lugares de culto se condicionó a la “adopción de medidas consistentes en evitar aglomeraciones”. “Esta es una batalla que vamos a ganar. Lo importante es qué precio pagaremos por esa victoria. Cuántas más vidas nos ahorremos, cuánto menos tiempo de vida, de estudio, de trabajo, de ocio sacrifiquemos, más rotunda será esa victoria”, concluyó el presidente español.
La decisión de declarar el estado de alarma la había anunciado el día de antes. “Es un instrumento de nuestro Estado de derecho para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país”, justificó Pedro Sánchez. “Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar al virus. Eso es seguro. Con unidad, responsabilidad y disciplina social”, subrayó. “Es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber”, añadió. Y dio el pistoletazo de salida al lema que abanderó el Gobierno a partir de ese momento: “Este virus lo pararemos unidos”.
De aprobar la prórroga sin ningún voto en contra a alargarlo tres veces por la mínima
La aprobación inicial del estado de alarma fue seguida de seis prórrogas que se tuvieron que votar en el Congreso de los Diputados. Y que no estuvieron exentas de dificultades para el Gobierno. Eran debates en un contexto inédito y con un hemiciclo con un 10% de los parlamentarios. La primera votación fue el 25 de marzo, en un momento en el que todavía primaba la unidad política y la complicidad entre las diferentes formaciones. 321 votos a favor y 28 abstenciones de ERC, Junts, la CUP y Bildu. Los independentistas catalanes y vascos eran contrarios a la centralización que había supuesto el estado de alarma y el mando único bajo las manos de Salvador Illa.
Quince días más tarde, el 9 de abril, Sánchez se encontró las primeras negativas. Vox y la CUP le dieron la espalda y votaron en contra. ERC, Junts y Bildu mantuvieron la abstención. Además, el presidente español no consiguió reunir un cierto consenso en torno a los “nuevos pactos de la Moncloa” que insistentemente planteaba el Gobierno. Dos semanas después, Junts se sumó a la oposición a la prórroga del estado de alarma y también la rechazó, una posición que mantuvo en las votaciones posteriores. 269 a favor, 60 en contra y 16 abstenciones de ERC y Bildu. Ahora bien, la diáfana y cómoda mayoría se agotó.
Para conseguir la cuarta prórroga, Pedro Sánchez tuvo que sudar de lo lindo. Salvó los muebles in extremis, por los pelos, perdiendo 91 votos por el camino, viendo cómo ERC pasaba al no y como el PP de Pablo Casado abandonaba el apoyo parlamentario y se abstenía. Eso condujo a Inés Arrimadas, que acababa de ser entronizada al frente de Ciudadanos, a ganar un papel preeminente. La pelota de partido se salvó a minutos de empezar el pleno: la noche antes, la Moncloa anunció un acuerdo con Ciudadanos con el compromiso de estudiar la manera de alargar las medidas económicas y sociales y antes del debate cerró el sí del PNV a cambio de reforzar los mecanismos de “cogobernanza” con las comunidades autónomas de cara a la desescalada.
La escena se repitió dos semanas más tarde, cuando el PSOE también salvó la prórroga gracias a un pacto con Ciudadanos y al aval del PNV. De hecho, los naranjas y los jeltzales fueron los dos únicos partidos, junto con las dos formaciones que integraban el Gobierno, que votaron a favor de todas las prórrogas. Finalmente, la última prórroga llegó el 3 de junio gracias a la geometría extrema a través de la que los socialistas recogieron el voto a favor tanto de Esquerra Republicana como de Ciudadanos. Por su parte, el Partido Popular votó en contra de las dos últimas prórrogas aduciendo que la Moncloa tenía otros instrumentos para hacer frente a la pandemia.
El Constitucional, partido por la mitad, tumbó el confinamiento
El confinamiento tuvo cola jurídica. Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma y, un año y medio después, el Tribunal Constitucional anuló el confinamiento domiciliario. No cuestionó la “decisión política”, pero concluyó que, ante la “gravedad y la extensión” de la pandemia, el instrumento jurídico que se habría tenido que utilizar era el estado de excepción, que está limitado a treinta días y a un mes de prórroga y necesita el aval previo del Congreso. Esgrimió que hubiera sido la figura necesaria para adoptar “medidas que impliquen una limitación radical o extrema de los derechos” como el confinamiento. La sentencia aceptó la “idoneidad y proporcionalidad” de las medidas adoptadas, pero cuestionó el “instrumento jurídico a través del cual se llevó a cabo la suspensión de ciertos derechos fundamentales”.
El razonamiento del Constitucional fue que el estado de alarma permite limitar, pero no suspender derechos fundamentales para hacer frente a catástrofes naturales o pandemias. Así pues, el confinamiento supuso una restricción de “altísima intensidad” de la libre circulación que implicó un “vaciamiento” de los derechos. “A menos que se quiera despojar de significado sustantivo alguno al término ‘suspensión’, parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados, supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho”, sostuvo. Y subrayó que, en cambio, el estado de excepción está justificado cuando el “libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el de los servicios públicos esenciales resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo”.
Ahora bien, el veredicto de Constitucional dividió al tribunal por la mitad: seis magistrados fueron partidarios de la decisión y cinco se mostraron en contra. Tres ejemplos. El presidente del TC, Juan José González Rivas, esgrimió que no se suspendió “ninguno de los derechos fundamentales” y que las medidas del decreto fueron “proporcionales” para salvar vidas. Andrés Ollero defendió que el estado de alarma “se remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia” y Cándido Conde-Pumpido advirtió que la decisión creaba un “grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias”.