Cinco gobiernos autonómicos del PP están en juego ante del anuncio de Vox de la ruptura de los acuerdos, que se ha confirmado esta noche después de la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional del partido. El acuerdo entre las autonomías y el Gobierno para el reparto de 347 menores no acompañados por todo el estado, ha llevado al líder de Vox, Santiago Abascal, a pedir el divorcio con la formación de Feijóo en las autonomías donde gobiernan juntos, ya que los acusa de "aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez", —no así en los ayuntamientos, porque considera que no han tenido ningún papel en relación con el reparto de los menores provenientes de las Islas Canarias. La ruptura de estos pactos afectaría a un total de cinco gobiernos autonómicos, en los que Vox tiene cuatro vicepresidencias y 12 consejerías. Se trata de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, el País Valencià, Extremadura, Aragón y Murcia. También se suma el gobierno de las Illes Balears, donde Vox no tiene ningún cargo ejecutivo, pero hasta ahora daba apoyo parlamentario al gobierno. Estos gobiernos del PP quedan en minoría, y los presidentes autonómicos tendrán que valorar si pueden continuar la legislatura o si convocan elecciones anticipadas.
Vox en las autonomías: 4 vicepresidencias y 12 consejerías
Castilla y León fue la primera comunidad donde el PP abrió la puerta de un ejecutivo a Vox. En marzo del 2022 el popular Alfonso Fernández Mañueco, anunció un pacto con Vox que otorgaba a la extrema derecha la vicepresidencia, que ostenta Juan García-Gallardo, y las consejerías de Indústria, Comercio y Empleo; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Cultura, Turismo y Deporte, que ocupan respectivamente Mariano Veganzones Díez, Gerardo Dueñas y Gonzalo Santonja. Cabe recordar que en esta comunidad, Vox ya amenazó con romper el gobierno cuando el PP rechazó aplicar las medidas antiaborto propuestas por Gallardo, pero finalmente no lo hicieron.
Los pactos entre el PP y Vox se multiplicaron después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo del 2023. El primero fue en el País Valencià, donde Carlos Mazón fue investido presidente gracias al apoyo de la ultraderecha, a cambio de incorporarla al ejecutivo. El extorero Vicente Barrera fue nombrado vicepresidente y conseller de Cultura y Deportes. También se nombró consellers a Elisa Núñez, como titular de Justicia e Interior, y a José Luis Aguirre, responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca. El siguiente acuerdo PP-Vox se cerró en Extremadura, donde María Guardiola fue investida presidenta. A diferencia de las otras autonomías, sin embargo, aquí el PP hizo menos concesiones, y la ultraderecha no tiene ninguna vicepresidencia, solo una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, que actualmente ocupa Ignacio Higuero, después de que tomara el relevo de Camino Limia, nombrada originalmente para el cargo, pero que dimitió poco después.
Los populares consolidaron el entendimiento con los de Abascal con dos pactos más, en Aragón y a Murcia, que permitieron la investidura de Jorge Azcón y de Fernando López Miras. En estas dos comunidades los ultraderechistas ostentan la vicepresidencia y dos consejerías. Alejandro Nolasco es el vicepresidente primero de Aragón, y también consejero de Desarrollo Territorial, Despoblamiento y Justicia, mientras que Ángel Samper es el titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación. En la Región de Murcia, José Ángel Antelo Paredes es el vicepresidente y consejero de Interior, mientras que José Manuel Pancorbo es consejero de Foment.
El caso de las Illes Balears es ligeramente distinto, porque Vox no tiene ningún cargo dentro del ejecutivo de Marga Prohens, pero sí firmó un acuerdo con el PP por el que garantizaban estabilidad al gobierno sujeta al cumplimiento de unas líneas programáticas. Un acuerdo que ahora también se ha roto, por lo que Prohens puede verse abocada a la inestabilidad pese a que no se produzcan cambios en la configuración de su gabinete.