Unidad entre ERC y Junts. Siete de los doce investigados por terrorismo de Tsunami Democràtic han presentado un escrito conjunto ante el Tribunal Supremo en el que le piden que cierre la instrucción del caso por dos irregularidades cometidas por el magistrado Manuel García-Castellón, según un escrito presentado este miércoles y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. La primera es que la instrucción acabó el 29 de julio de 2021 porque el juez acordó su prórroga al día siguiente y sin justificar su excepcionalidad, según exige la reforma de la ley 2/2020. Y, la segunda, es que el juez de la Audiencia Nacional, antes del fin de la investigación, no ha tomado declaración a ninguno de los investigados, ni a los aforados, ni a los no aforados, un requisito también imprescindible para avanzar la instrucción. Por eso, le piden que fije la finalización de la investigación en 2021, que decrete el archivo de la causa y que la devuelva al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para que dé el carpetazo final a la investigación.
El juez García-Castellón acordó, el 6 de noviembre pasado, los doce investigados por terrorismo en Tsunami, donde, por primera vez, incluyó al president en el exilio, Carles Puigdemont; a la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y al diputado de ERC, Ruben Wagensberg. Puigdemont, al ser diputado de Junts en el Parlamento Europeo, y Wagensberg, en el catalán, tienen aforo, y por eso el juez derivó su caso al Supremo, con una exposición razonada, el 21 de noviembre pasado.
La Fiscalía, después de una grave división interna, ha presentado un escrito en el que pide al Supremo que se declare competente para los aforados, de los cuales sostiene que no existen suficientes indicios delictivos, y que devuelva el caso al juzgado para que siga investigando. El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballó dejó más claro que no veía el delito de terrorismo y, como mucho, habría un delito de desórdenes públicos para una minoría de los investigados, y descartaba a los aforados.
Derechos fundamentales
Los firmantes investigados de la petición al Supremo son la republicana Marta Rovira, defendida por Iñigo Iruín; el director de la Oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, defendido por Gonzalo Boye, que también defiende a Puigdemont y que ya alertó al juez de la prescripción de la investigación; el empresario Oriol Soler, el directivo de Òmnium Oleguer Serra y el empresario Josep Campmajó, defendidos por Benet Salellas y Mònica Tarradellas; la vecina de Girona Marta Molina, defendida por Marina Roig, y el exconseller Xavier Vendrell, defendido por Jos Prado.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha fijado que el magistrado José Ramon Bergudo sea el responsable de analizar la exposición razonada del juez de Tsunami Democràtic y de las partes. Ahora, los encausados exponen al tribunal que, antes de valorar si es competente para investigar o no a los aforados independentistas, analice los graves errores en la instrucción. En el escrito, afirman que la exposición razonada del juez García-Castellón "afecta directamente a sus derechos fundamentales" con respecto al juez predeterminado por la ley y a las garantías de defensa, y que también están "ausentes" en el informe de la teniente fiscal del Supremo con respecto a la prescripción de la investigación.
Sin declarar
Las defensas de los encausados recuerdan al alto tribunal español su propia jurisprudencia, la cual establece que sin la declaración del investigado no se puede continuar una investigación. Un incumplimiento que ocurre en la causa de Tsunami Democràtic. Afirman que el juez García-Castellón abrió la investigación de Tsunami en octubre de 2019 y que las diligencias estuvieron en secreto desde 17 de octubre de 2019 hasta la resolución del 8 de mayo de 2023. Añaden que "en el momento en el que expiró el plazo legal de la instrucción, el procedimiento estaba bajo secreto de sumario, y —precisan— que ninguna defensa de las comparecidas pudo tener ni siquiera acceso a las actuaciones ni ejercer su derecho de defensa".
Extemporáneo
Con respecto a la instrucción, las defensas afirman que la investigación de Tsunami está afectada por la reforma sobre los plazos de investigación de la ley 2/2020, que entró en vigor el 29 de julio de 2020, que fija que las investigaciones pueden durar doce meses, y que después hay que hacer prórrogas justificadas de seis meses. Extremo que no ha cumplido el juez, según las defensas de los independentistas, y sostienen que la prórroga dictada por el juez García-Castellón es "extemporánea".
En concreto, detallan que el plazo de la investigación se acababa el 29 de julio de 2021, pero que el magistrado dictó la prórroga el 30 de julio de 2021. Y, por lo tanto, todas las actuaciones posteriores están "fuera de plazo". Además de la fecha, insisten en que para que la prórroga fuera válida, "hacía falta que el juzgado escuchara a todas las partes antes de alcanzar dicha fecha, y solo dio voz a la Fiscalía y el mismo 30 de julio".
Las defensas de los independentistas concluyen que, según fija la ley (artículo 324 Lecrim) "no son válidas las diligencias de investigación acordadas con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción", y en el caso de Tsunami es el 29 de julio de 2021. Y recuerdan al Supremo que ha fijado jurisprudencia en este sentido, e incluyen resoluciones. Al mismo tiempo, insisten que en esa fecha, el juez no había acordado la citación como investigados de las personas aforadas y las que no.
Por todo ello, piden al Supremo que fije que la causa de Tsunami acabó su investigación el 29 de julio de 2021. Y que retorne la causa a la Audiencia Nacional para que acuerde su archivo definitivo.