El relato de una supuesta violencia —incluso con acusaciones de terrorismo y kale borroka— ha rodeado al independentismo tras las manifestaciones y huelgas llevadas a cabo en Catalunya tras la aplicación del artículo 155. Este discurso, surgido de varios poderes del Estado, ha atribuido un carácter violento al procés. Todo bajo la premisa de acciones como los cortes de carreteras y el levantamiento de peajes.

El discurso de una violencia generalizada —y en aumento— en Catalunya entra en contradicción con los datos de la encuesta postelectoral del 21-D realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el sondeo, solo un 7% de los catalanes ha participado en ocupaciones de edificios, en encierros o ha protagonizado bloqueos en el tráfico al menos una vez. Una minoría que por cierto se ha mantenido prácticamente intacta en relación a 2015, cuando el porcentaje se situó en un 6,4% (según los datos de la encuesta posterior a las elecciones realizada por el mismo organismo).

De acuerdo con el CIS, el 5,5% ha participado "alguna vez" en cortes en el tráfico, encierros y ocupaciones, mientras que aquellos que lo han hecho "en bastantes ocasiones" representan un 1,5% de la población. De esta forma, nueve de cada diez ciudadanos de Catalunya (92,4%) aseguran no haber participado nunca en este tipo de actos. En 2015, esta cifra se situaba en el 93,3%.

Participación minoritaria

Los votantes de la CUP son los más propensos a este tipo de acciones, aunque ni en este caso son mayoría. Un 10,8% de los electores de los anticapitalistas expone haber apostado por estos actos en varias ocasiones mientras que un 21,7% señala haberlo hecho alguna vez. Pese a este porcentaje sustancialmente superior, las mayoría de votantes cuperos (67%) niegan haber participado de estas actividades.

En el electorado del resto de formaciones políticas, existe también una amplia mayoría que no ha participado en acciones de este tipo, con valores cercanos o superiores al 90%. No solo entre el electorado constitucionalista —Cs (97,6%), PP (96,9%), PSC (96,9%)— si no también en el independentista —JxCat (92,1%) y ERC (88,8%).

El independentismo, señalado

Los datos del CIS entran en total contradicción con la criminalización del independentismo, que ha sido presentado como un movimiento violento. El pasado 10 de abril, el juez ordenó la detención de Tamara Carrasco, del CDR de Viladecans, que fue detenida por la Guardia Civil y acusada de terrorismo por el fiscal de la Audiencia Nacional. Fue liberada dos días después que el magistrado cambiara los delitos de terrorismo y rebelión por los que se le acusaba por uno de desórdenes públicos.

El impacto de la detención de Tamara Carrasco fue en realidad la culminación de un largo relato que se ha impuesto entre los poderes del Estado —el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, sin ir más lejos— y algunos medios de comunicación, tal y como denunció un estudio recientemente.

 

La pregunta del CIS. La encuesta postelectoral de Catalunya del CIS, realizada tras las elecciones del 21-D, pregunta al encuestado "si ha realizado en bastantes ocasiones, alguna vez o nunca, las siguientes acciones que la gente lleva a cabo para dar a conocer su opinión", entre las que figuran "ocupar edificios, participar en encierros o bloquear el tráfico".

 

El CIS realizó 2.500 entrevistas entre el 28 de diciembre del 2017 y el 25 de enero del 2018. Nivel de confianza: 95,5% / Error real: ±2%.