El laboratorio de investigación que destapó el espionaje en los teléfonos móviles del entorno independentista, Citizen Lab, se ha ofrecido para colaborar con las investigaciones que se abran por el uso del software Pegasus. El director del centro, Ron Delibert, ha asegurado que Citizen Lab es imparcial y está abierto a nuevas indagaciones sobre el abuso del software espía en España y en otros países "con cualquier individuo" que cumpla los criterios del laboratorio. "Somos estrictamente independientes de todos los gobiernos, pero cooperaríamos con solicitudes de información como aparte de una investigación independiente, con la condición que estamos obligados a seguir nuestros protocolos éticos de investigación de proteger la privacidad de los sujetos", ha argumentado Delibert.
Este martes, el Gobierno de Catalunya anunció que revisará los teléfonos móviles de hasta 500 altos cargos para detectar nuevos casos de espionaje a través del spyware como Pegasus, el programa israelí que Citizen Lab ha detectado en 63 personas relacionadas con el movimiento independentista catalán. A preguntas de Efe sobre si Citizen Lab está participando en la detección del spyware en los móviles de funcionarios catalanes, el director del centro, Ron Deibert, declaró que los protocolos éticos de la Universidad de Toronto, de la cual depende el centro, impiden revelar sin su consentimiento "cualquier información sobre los individuos que participan" en investigaciones. "En estos momentos, no podemos revelar más información sobre objetivos y víctimas, excepto aquellos nombrados de manera explícita en nuestro informe", declaró Deibert. Es decir, el número de infectados por el software cada día podría ir en incremento.
Derechos humanos
Más de una treintena de entidades en defensa de los derechos humanos del ámbito internacional han firmado un manifiesto, que se ha presentado esta mañana, en el cual afirman que "el espionaje digital no es legal ni democrático" y exigen "una investigación independiente, rápida, efectiva y garantista" hacia el espionaje que han sufrido al menos 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco, incluido el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, políticos periodistas y abogados. Además, las organizaciones firmantes han pedido que se prohíba el uso de Pegasus, del grupo israelí NSO, y herramientas similares porque vulnera el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Y también reclaman que se revise la Ley 11/2002, que regula la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por "desfasada" y poco clara.
"Cualquier injerencia en los derechos fundamentales del secreto a las comunicaciones y a la intimidad de la persona tiene que estar previsto en las leyes y tiene que ser forma clara y previsible, accesible y proporcional", ha afirmado Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia, y ha asegurado que actualmente "las normas que regulan el CNI, en términos de derechos humanos, no cumple con los estándares internacionales de protección, ya que no indican con claridad el alcance de su actuación". Franqueza ha leído el manifiesto, junto con Luca Gervasoli, presidente de La Fede; Robert Sabata, presidente de la Asociación Abogados Europeos Democrates (AED), y Cecilia de Armas d'OMCT, en la sede de La Fede.