Los abogados de Eric, un ciudadano de los Estados Unidos arrestado el viernes pasado durante las protestas contra la sentencia del 1-O y que se enfrenta a una orden de expulsión, consideran que el caso constituye un "intento de limitar su participación política en base a su condición administrativa" y, por lo tanto, "una vulneración de sus derechos fundamentales y los de su familia".

Marc Pairó, de la cooperativa de asesoramiento jurídico IACTA, califica el proceso de deportación de "excepcional" por el mecanismo jurídico utilizado: "Es un artículo [15 del decreto ley de entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea y otros estados con convenio con el Espacio Económico Europeo] que yo no había visto nunca, que se ha aplicado otras veces pero está pensado para casos de crimen organizado, de conducta delictiva continuada". Según el abogado, Eric tiene una conducta "impecable" y no tiene "ni una multa de tráfico": "Trabaja, tiene arraigo social, laboral, y es padre de familia".

Residente al Masnou y casado con una catalana, Eric salió libre sábado pasado después de pasar la noche en el calabozo de la comisaría de Policía Nacional de Via Laietana. La policía explica que le requisaron una estelada y dos tuercas, y lo acusa de insultarlos en inglés y tirarse sobre un policía. Los abogados lo niegan y explican que pasó del revés.

El proceso de deportación se encuentra en la fase administrativa y la defensa no espera una decisión firme antes de medio año. Si la resolución es condenatoria y la orden de expulsión sale adelante —cosa que la defensa da por hecho— abrirán la vía contenciosa: "Acabaremos en los tribunales. Es muy complicado que la oficina de extranjería rectifique. A nivel judicial no tengo ninguna duda que saldremos de esta porque las sentencias del Tribunal Supremo y toda la jurisprudencia es muy clara en la aplicación de este artículo. Es muy excepcional que lo hayan invertido. Confío en que no prosperará".

Mientras tanto, Eric no puede participar en nuevas movilizaciones. "Se le ha puesto una orden de prohibición de participación política a las manifestaciones", explica Pairó. El abogado denuncia que el caso de Eric, así como el de dos personas detenidas en Lleida y enviadas a un Centro de Internamiento de Extranjeros, indica que "están buscando limitar la participación política de colectivos de gente migrante que está movilizada".