El pleno del Parlament de este viernes tenía que ser relativamente tranquilo. No había comparecencia del president Quim Torra por el veto del Estado al nombramiento de los consellers. Tan solo se tenía que debatir la creación de las comisiones legislativas y la de investigación sobre el supuesto espionaje político de la Generalitat. Pero el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, protagonizó un numerito con la retirada de un lazo amarillo del banco del Govern, lo que hizo que el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendiera la sesión.
Este espectáculo podría haber quedado en una simple anécdota si no fuera por el contexto que lo ha precedido. En el marco de la famosa cruzada de grupos radicales contra la simbología soberanista, el pasado fin de semana una veintena de encapuchados irrumpió en la playa de Canet de Mar para retirar cruces amarillas que se habían colocado en apoyo a los presos y exiliados. Cinco personas resultaron heridas, entre ellos un concejal de la CUP en el municipio, y también una mujer a quien asestaron golpes de cruz en la cabeza y un hombre de 82 años, con heridas en el cuello.
De la playa al Parlament, y del Parlament a la playa. Este domingo está convocada una nueva plantada de cruces, esta vez en la playa de Mataró. A instancias del PP, el Ayuntamiento de la capital de Maresme ha prohibido la acción reivindicativa, que quiere "simbolizar la muerte de la democracia en el Estado español". La Policía Local y los Mossos d'Esquadra impedirán la acción con un despliegue. Aunque Segadors del Maresme, la "brigada de limpieza" que reivindicó la acción de retirada de Canet, se ha desmarcado, se prevé una manifestación unionista.
Vínculos con la extrema derecha
Los autodenominados Grupos de Defensa y Resistencia (GDR) nacieron en contraposición a los Comités de Defensa de la República (CDR). Su objetivo es básicamente el de "limpiar" el espacio público de simbología independentista para "acabar con los que pretenden la fractura social". Entre estos grupos está Segadors del Maresme, protagonista de la acción de Canet, pero también otros como la Brigada 155, que actúa sobre todo en el Barcelonès, La Resposta Terrassa, Groc Enlloc (Garraf) y Democracia y Unidad Española (DUE).
Entre estos grupos y la extrema derecha existe una relación de flirteo. Sin ir más lejos, en una manifestación convocada por DUE el pasado febrero en Manresa se pudo ver simbología de la Alemania nazi. Otra concentración organizada también por DUE contó como "invitados de honor" con Albert Bruguera, delegado en Catalunya del partido neofascista Democracia Nacional, y Josep Alsina y Javier Barraycoa, miembros de la entidad ultra Somatemps. Alsina también formó parte del partido nazi Movimiento Social Republicano (MSR).
Los GDR cuentan con otras personas vinculadas con la extrema derecha. Es el caso de Héctor Cocera, del grupo Resistencia Pont de Vilomara. Cocera fue uno de los condenados en 2002 por participar en el linchamiento de un ciudadano marroquí en su casa en Sant Vicenç de Castellet. Mustapha E. tuvo que ser operado dos veces y sufrió secuelas en la cabeza y en un brazo. Por otra parte, Jaime Vizern, el guardia civil falso identificado delante de la Casa de la República en Waterloo, está relacionado con los ultras que fueron detenidos por un ataque racista al centro de menores l'Estrep, de Sant Salvador de Guardiola. Es el presidente de DUE.
No solo la acción de Canet ha acabado con incidentes. Hace menos de tres semanas, el CDR de Vilassar de Mar, también en el Maresme, denunció un intento de atropello a un grupo de vecinos por parte de miembros de los GDR. Fue a la una de la madrugada, pocas horas después de que la acción de arrancada de lazos amarillos convocada en la plaza de Francesc Macià de Barcelona se disolviera sin actuar. Justamente en esa concentración, una cámara oculta del semanario La Directa encontró a miembros del xenófobo Plataforma per Catalunya (PxC) y de VOX.
Foto: Sergi Alcàzar
Desde las instituciones
Este llamamiento a vaciar el espacio público de contenido político, sin embargo, también se ha hecho desde las más altas instituciones del Estado. Su máximo representante en Catalunya, el delegado del Gobierno Enric Millo, envió este lunes, después de los incidentes de Canet, una carta a los alcaldes para "mantener la neutralidad" de los espacios públicos, incluyendo calles y plazas. En este sentido, instaba a los ayuntamientos de todo el país a cumplir con "la obligación de no permitir su ocupación con símbolos que pueden acabar perjudicándola".
Uno de los que ha seguido los preceptos de Millo ha sido el alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, que durante el pleno de este viernes en la Paeria aseguró que había ordenado a los servicios de limpieza de la ciudad que retiraran lazos amarillos del espacio público. "Las pintadas ofensivas se borran y los símbolos no compartidos se retiran", defendió Ros.