El caso de la enfermera del Hospital Vall d'Hebron que colgó un vídeo en TikTok en el que hacía comentarios despectivos e insultantes contra la lengua catalana ha dado un nuevo giro en los últimos días después de que la Conselleria de Salut decidiera no renovar su contrato y Ciudadanos haya decidido llevar este "despido ideológico" al Congreso de los Diputados. Cuando se hizo viral su vídeo, la joven andaluza fue fuertemente criticada por los defensores de la lengua ante sus ataques impropios de una persona que vive y trabaja en Catalunya, y el conseller de Salut, Manel Balcells, anunció que se le abriría un expediente. En medio de toda la polémica, la chica también contó con el apoyo inequívoco de Ciudadanos, y también del PP, que le apoyó durante toda la polémica acusando al Govern de "linchar" a una trabajadora.

Ciudadanos denuncia una caza de brujas y obvia los insultos de la enfermera

Después de conocer que a la enfermera catalanófoba de Cádiz no se le renovaría el contrato, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, exigió la dimisión del conseller Balcells por dar apoyo a "una caza de brujas contra una enfermera de 25 años y culminarla con su despido ideológico". El naranja aseguraba que a los “fanáticos” no les importa el déficit de personal sanitario que sufre Catalunya. En la misma línea, Inés Arrimadas compartía la noticia y escribía en las redes: "Hasta este punto llega el nacionalismo gobernante en Catalunya: prescindir de una profesional sanitaria en una comunidad con un grave déficit de enfermeros porque osó criticar la obligación del catalán". Las críticas a las cuales se refiere Arrimadas son más bien insultos, como: "Se sacará el p*** C1 de catalán mi madre; yo no lo haré".

Hoy, el partido ha ido todavía más lejos y ha decidido que este conflicto llegue hasta el Congreso de los Diputados. Concretamente, y según ha dicho Anna Grau, candidata de Cs a la alcaldía de Barcelona, ha sido la misma Arrimadas quien ha presentado en la Mesa de la cámara baja una batería de preguntas al Gobierno sobre "el señalamiento y el despido ideológico por parte de la Generalitat a una enfermera de la sanidad pública por sus opiniones", obviando el tono y las palabras utilizadas por la chica en cuestión.

 

El sindicato minoritario apoya a la enfermera

La decisión de la conselleria sobre la enfermera no ha gustado nada tampoco al Sindicat Mèdic Català, muy minoritario entre los facultativos del país. En su caso, defienden que el catalán "tiene que ser un mérito y no un requisito obligatorio para el resto de ciudadanos españoles que quieran trabajar en Catalunya", recordando también, como Carrizosa, el déficit de médicos y enfermeras. "A ningún ciudadano español se le tiene que vulnerar su derecho constitucional a trabajar en cualquier comunidad autónoma al discriminarlo por cuestión de lengua. Evidentemente, es recomendable conocer el catalán para optimizar la comunicación con pacientes catalanohablantes, pero no puede ser una obligación de entrada que impida acceder a una plaza laboral", insiste el sindicato, que ha culpado a la "presión social" el hecho de que la chica haya vuelto a Cádiz: "No tenía interés en seguir en un sitio donde se la vilipendiaba".