Continúa la ofensiva contra la Generalitat para que acate la sentencia del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística. Ciutadans ha registrado este jueves un escrito ante el Defensor del Pueblo en el cual pide instar al Govern a cumplir la sentencia del Supremo que fija un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. El partido naranja también ha denunciado una "campaña de acoso" contra las familias que reclaman la aplicación de la resolución judicial y, concretamente, el caso de un alumno de P5 en una escuela de Canet de Mar.
En el escrito, el partido reivindica que la sentencia recuerda que "el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. 'De esta manera, todavía que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que esta sea lengua vehicular en la enseñanza (...), nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza".
La formación también afirma que "tanto el proceso separatista como el proceso asociado de inmersión lingüística, que a efectos prácticos es una herramienta de adoctrinamiento político nacionalista que marginaliza voluntariamente la enseñanza en castellano, profundizan en la desigualdad social y además victimiza a la comunidad escolar, especialmente a aquellos que ven imposible acceder en igualdad de condiciones a una educación integral y a la libre elección de la mejor opción educativa para los hijos".
Más allá del cumplimiento de la sentencia, el partido pide al Defensor del Pueblo que "garantice la libre elección de la lengua vehicular", y que realice "Informes y Estudios Estadísticos del impacto de la inmersión lingüística en el rendimiento escolar y en los índices de fracaso escolar", además de "establecer criterios de homologación de dificultad en las pruebas de lengua y literatura castellana en las pruebas de Selectividad".
Cs saca la artillería
El portavoz de la formación en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha afirmado en una atención a los medios en Madrid que las personas que piden una mayor presencia de castellano en las aulas están "desamparadas" y "abandonadas" por los poderes públicos y ha exigido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que "haga lo posible para que este derecho se les reconozca".
Martín Blanco ha lamentado que tanto el Govern como el Ejecutivo español se "desentienden" de la protección de estas familias y ha criticado que el conseller de Educació, Josep Gonzalez Cambray, acuda a la escuela de Canet de Mar a "dar apoyo a los asediadores de la familia" que ha pedido "una cosa tan básica" como la aplicación de una sentencia.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, también ha criticado la "inacción" del Govern en la protección de estas familias y ha denunciado que el Ejecutivo español "mira hacia otro lado". "No nos rendiremos, no nos detendremos hasta que se reconozca el derecho al bilingüismo. El Estado tiene que reaccionar", ha dicho Bal. El diputado en la cámara baja ha avisado de que no cumplir la sentencia del TS puede implicar delitos de desobediencia y prevaricación por parte de los responsables de los centros educativos, en referencia a la carta que recibieron del conseller en la cual pedía no cambiar nada en el plan lingüístico a pesar de la sentencia.
El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, en la atención a los medios desde la plaza Sant Jaume / Foto: ACN
Desde la plaza Sant Jaume de Barcelona, el líder de la formación en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acusado a la Generalitat "de alinearse" con los "asediadores " de la familia del niño de P5 y ha añadido que se trata de una "jugada política maquiavélica y totalitaria" del Govern: "¿Quién se arriesgará a pedir que la sentencia del 25% en castellano se aplique a su colegio si desde los poderes públicos se anima a esta presión contra la familia?".
Imagen principal: dirigentes de Cs presentan un escrito ante el Defensor de Pueblo / Foto: ACN