La campaña de las elecciones de Catalunya del próximo 12 de mayo arranca la noche de este jueves, aunque, hace semanas que los partidos la han empezado. La de Ciudadanos —conscientes de la debilidad del partido— se está centrando en cargar contra el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. La semana pasada, el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, presentó un recurso ante la Junta Electoral para impugnar la candidatura Puigdemont, que fue desestimado. Ahora, van un paso más allá y pide al Tribunal Constitucional que anule su candidatura, según adelanta El Confidencial. El escrito sostiene que el cabeza de lista de Junts no se puede presentar porque “tiene su residencia en Bélgica” y no en Catalunya. La formación naranja defiende que “jurídicamente es improcedente que, sobre la base de un DNI vencido hace más de 4 años, en el cual consta una información de hace más 14 años, la Junta Electoral Provincial de Barcelona puede deducir que el candidato cumple todos los requisitos legales exigidos, incluido el de la residencia.”
El recurso presentado por Ciutadans se sustenta sobre una sentencia que el Constitucional dictó en abril del 2021, cuando rechazó la candidatura de Toni Cantó por el PP a las elecciones madrileñas por no haberse empadronado a tiempo en la comunidad. El censo que se consulta para considerar que se cumple este requisito se cierra dos meses antes de la convocatoria, por lo tanto, Ciutadans está convencido de que Puigdemont no llegaría, ya que, el president en funciones, Pere Aragonès, convocó las elecciones el pasado 13 de marzo.
Los argumentos de Ciudadanos contra Puigdemont
En el escrito, Ciudadanos hace referencia al Estatut d'Autonomia de Catalunya, donde también aparece este requisito con respecto al censo. El artículo 7 apunta que “disfrutan de la condición política de catalanes o ciudadanos de Catalunya los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Catalunya. Su derecho político se ejerce de acuerdo con el presente Estatuto y las leyes”. Además, el artículo 56.3 añade que “son electores y elegibles los ciudadanos de Catalunya que están en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, de acuerdo con la legislación electoral”.
Para situar la residencia habitual de Carles Puigdemont en Bélgica, Ciudadanos utiliza un “documento judicial” de octubre de 2023 donde situaba el actual domicilio en este país “no solo ha residido y reside fuera de España, concretamente en Bélgica, sino que se ha valido y beneficiado de tal condición para ejercer acciones judiciales contra ciudadanos españoles ante tribunales belgas, reclamando la competencia territorial de estos tribunales, así como reclamando la aplicación del derecho belga”, señalan los de Carrizosa. Es ilustrativo que, en el documento, no se limita a advertir que Bélgica es su lugar de residencia y su centro de intereses, sino que es donde “tiene su domicilio”, añaden. Con respecto a la documentación de Puigdemont, Ciudadanos asegura que “está caducada desde hace más de cuatro años” y, por lo tanto, “no puede acreditar nada”. Esta afirmación la basa en el real decreto sobre la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica, que establece que “quedarán sin efecto las atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico” cuando se supere su periodo de validez. Los argumentos a la desesperada de Ciudadanos, van más allá al apuntar que contra Puigdemont “existe un acto del Tribunal Supremo que lo declara prófugo de la justicia”.
Ciudadanos ha ido al Constitucional después del rechazo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Barcelona, que desestimó sus argumentos al considerar que no había aportado “ningún elemento del cual pueda inferirse el incumplimiento del requisito de inscripción al censo electoral vigente del candidato”. Contra esta sentencia no había recurso, pero ahora llevan el caso al Constitucional al considerar que “es la única posibilidad de tutela judicial efectiva”.