El inminente recurso del PSOE contra la ley catalana de la regulación de los alquileres ha despertado la indignación de todo el movimiento en defensa de la vivienda catalana y los partidos que aprobaron la ley en el Parlament. Por este motivo, en una rueda de prensa este viernes ante la Cámara catalana, han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no recurra la ley y que impulse una igual para todo el Estado.
Ha sido el Sindicat de Llogateres, quien impulsó y negoció la ley catalana durante la última legislatura, la organización que ha invitado a las entidades del movimiento y también a los grupos de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem para hacer este clamor unánime contra las intenciones del PSOE. Su portavoz, Rodrigo Martínez, ha reivindicado que la ley funciona, permitiendo bajar el precio del alquiler hasta un 4% en las zonas no reguladas.
"Los datos demuestran que el mercado no se ha paralizado, todo lo contrario, ya que se han constatado cifras récord con respecto a los contratos de alquiler este año", ha asegurado. También ha acusado al PSOE de "hacer el trabajo sucio a los fondos buitres" y "trabajar para proteger sus intereses". Por eso ha exigido al partido de Sánchez que no impugne la ley, sino que la defienda y ha alertado que el sindicato convocará una manifestación el próximo martes 15 de junio a las 18h delante de la sede del PSC en Barcelona.
También se ha dirigido a los grupos que aprobaron la ley para decirles que hasta ahora han hecho el "trabajo fácil", que es defender la ley en actos como este. "Ahora les pedimos que pasen a la acción y que no negocien con esta revolución por principios y por el bien de todos", ha instado.
Los partidos, unidos contra el recurso
Representantes de los cuatro partidos que aprobaron la ley también han participado en este clamor y se han mostrado unidos contra el recurso del PSOE. Por parte de ERC, el diputado Pau Morales ha reiterado que la de los alquileres "es una buena ley porque es útil para la gente". También ha advertido que "está hecha a partir de las competencias propias de la Generalitat".
La diputada de Junts Cristina Casol ha acusado al Gobierno de "demostrar una voluntad obstructiva a todas las leyes que aprueba este Parlament". "No hay vida digna sin derechos básicos", ha sentenciado. La cupaire Montserrat Vinyets ha admitido su "sorpresa" por el hecho de que el PSOE dude de la constitucionalidad de la ley. "El marco español actúa como tope para garantizar derechos. No es retórica, tenemos ejemplos como este", ha denunciado.
Por parte de los comuns, formación que forma parte del Ejecutivo español, el diputado David Cid ha prometido no rendirse a la hora de defender la ley catalana y conseguir aprobar una para todo el Estado. En este sentido y como hicieron ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha recordado a los socialistas que el acuerdo de coalición exige la elaboración de una ley para regular la vivienda.
La fuerza del movimiento
El acto también ha servido para demostrar la fuerza de despliegue del movimiento en defensa de la vivienda en Catalunya. Una decena de entidades como Òmnium, la PAH, la Taula del Tercer Sector, el Consell Nacional per la Joventut de Catalunya, Economia Solidària, la Aliança Contra la Pobresa Energètica y el Sindicat d'Habitatge de Gràcia también han denunciado el posible recurso del PSOE y han exigido que la ley catalana siga vigente.