La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Govern ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por "mantener en secreto los atestados de los Mossos d'Esquadra que han servido para reprimir manifestantes independentistas". El recurso llega después de que Ponsatí presentara dos solicitudes de acceso a información pública en el Departament d'Interior el año 2022 y la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitiera la petición con respecto a los atestados, según ha adelantado la ACN este miércoles y ha hecho público Ponsatí en un tuit. La GAIP respondió a  Ponsatí que los atestados policiales no son públicos, pero que se le tenía que informar de cuántos de estos habían derivado en procedimientos penales, donde la Generalitat se ha personado como acusación; y sel Govern le respondió que de 455 atestados policiales por protestas independentistas del 2018 al 2020 se ha personado como acusación particular en 30 procedimientos penales. Sin embargo, para Ponsatí la resolución fue dictada de forma irregular y "los atestados son información pública".

El nuevo enfrentamiento de la eurodiputada de Junts con el Govern de ERC, llega mientras el juez Pablo Llarena tiene que resolver si ordena la detención o no de clara Ponsatí por la causa del 1-O. El abogado de la exconsellera, Gonzalo Boye, ya advirtió al instructor del Tribunal Supremo que una vez el Parlamento Europeo ha comunicado oficialmente que ha tramitado la petición de amparo que presentó la eurodiputada Clara Ponsatí por su detención en Barcelona, el procedimiento judicial contra ella se tiene que suspender hasta que la Eurocámara emita su parecer. Al día siguiente de la detención de Ponsatí, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, anunció ante el pleno que había tramitado la petición de amparo de Ponsatí. A pesar de que la comunicación de la presidenta fue pública e incluso dio pie a un agrio debate, el juez no se dio por enterado y respondió a la defensa pidiendo a Ponsatí que aporte la justificación documental de su recurso, así como la traducción de este. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, que son acusación en la causa del 1-O, tienen hasta finales de esta semana para informar a Llarena de qué se tiene que hacer con Ponsatí: esperar la respuesta de la Eurocámara o mantener la orden de su detención en el Estado español, único lugar donde lo aprobó el juez hasta que no se resuelva el procedimiento del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad de los catalanes exiliados

Más de 455 atestados

En el recurso, la eurodiputada de Junts también remarca su derecho reforzado de acceso a información pública al ser eurodiputada, así como la posibilidad de fiscalización de los cuerpos policiales por parte de la ciudadanía y de los representantes electos. "La represión del independentismo se lleva a cabo por parte de todos los poderes del Estado, como un engranaje. La Generalitat de Catalunya y los Mossos se han convertido en colaboradores necesarios de esta represión", manifiesta Ponsatí y añade: "La existencia de estos 455 atestados y de hasta 30 procedimientos penales manifiestan el uso arbitrario de los Mossos con el fin de intimidar y de reprimir el movimiento independentista. El objetivo de este uso arbitrario de los Mossos de Esquadra es de pacificar la población y de permitir al Gobierno volver al autonomismo más insensible y colaboracionista."

Denunciado por Alerta Solidària

Hace tiempo que el grupo Alerta Solidaria, que lleva la defensa de la mayoría de investigados desde el 2017, denuncia la persecución de los Mossos a independentistas catalanes. El caso más reciente es el del vecino, que ha sido absuelto para quemar una bandera española​, y que fue llevado al juzgado a raíz de un atestado de la policía catalana.