En libertad, pero con obligaciones. Después de más de cinco horas detenida, el juez de guardia de Barcelona ha comunicado a la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, que queda en libertad, pero le ha notificado que tiene que comparecer ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en Madrid, para tomarle declaración como investigada por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). En concreto, le ha notificado la resolución del juez Llarena que la pone en libertad, "deja sin efecto su situación rebeldía", y la cita a declarar el próximo 24 de abril, a las 11 de la mañana, al Tribunal Supremo. La tardanza en la resolución de la detención de Ponsatí es que el juez de Barcelona no localizaba ninguna autoridad al Supremo, según fuentes judiciales.
🔴 Clara Ponsatí vuelve a Bruselas, DIRECTO | Última hora
Ponsatí ha vuelto este partes por la tarde a Cataluya, después de cinco años en el exilio, y ha protagonizado una rueda de prensa al Colegio de Periodistas, a Barcelona, con su abogado Gonzalo Boye, en la cual ha asegurado que no se rendirá ni se personará ante el magistrado, en Madrid. Para sospresa de todos, Ponsatí ha sido detenida por los Mossos, sobre las seis de la tarde. Un subinspector de los Mossos ha detenido a la exconsellera Ponsatí en la plaza de la Catedral, después de acabar la rueda de prensa, y que las televisiones han registrado en directo. Ponsatí le ha mostrado su credencial de europarlamentaria y que tiene inmunidad, pero el agente le ha hecho subir a un vehículo no logotipado de la policía catalana y la ha conducido a la ciudad de la justicia. Del edificio judicial no han salido hasta las once de la noche, al recibir el auto de Llarena.
Detención "ilegal"
En la resolución, el magistrado del Tribunal Supremo afirma que la ex consejera ha de designar un domicilio y un teléfono de contrato para poder localizarla para que comparezca ante el tribunal tantas veces como se le pida. Además, lo advierte que "el incumplimiento de su citación comportará la modificación de su situación personal y su posible conducción por la fuerza pública", hasta Madrid. Ahora la exconsellera Ponsatí tiene que decidir si comparecerá el próximo 24 ante el juez instructor.
Al salir de los juzgados, el abogado Gonzalo Boye, ha denunciado que "la detención de Ponsatí es ilegal" porque "no se puede detener una eurodiputada, y que el juez tendría que haber pedido un suplicatorio en el Parlamento europeo". Ponsati ha estado recibida por una multitud de personas concentradas.
Concentración de apoyo
Entidades independentistas, como Òmnium, la ANC y Alerta Solidària han convocado a cnncentraciones, mientras la exconsellera de Cultura recibía por Twitter muestras de apoyo, como la del president Carles Puigdemont, que ha exigido la intervención de la presidenta del Parlamento Europeo ha sido informada de la detención de la eurodiputada Clara Ponsatí.
Los primeros en llegar a la Ciutat de la Justicia han sido diputados de Junts y de la CUP, además de ciudadanos. Un buen número de agentes de los Mossos y el helicóptero policial, también.
Orden de detención para declarar
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confirmó la semana pasada la orden de detención en el Estado español de Clara Ponsatí para tomarle declaración como investigada por el delito de desobediencia al TC. Llarena actualizó la orden al derogarse el delito de sedición por parte del Gobierno. La retirada del delito de sedición también ha favorecido la número 2 de ERC, Marta Rovira, ahora solo acusada de desobediencia, como Ponsatí.
Si, al final Ponsatí se persona ante Llarena, el magistrado tiene que derivar su caso en un juzgado de Barcelona, tal como hizo con Anna Gabriel y la consellera de Asuntos Exteriores, Meritxell Serret, que será juzgada el miercoles en el TSJC. Las dos, defendidas por el abogado Iñigo Iruin, se personaron ante el juez Llarena una mañana y salieron en libertad después de declarar ante él.
El delito de desobediencia no implica penas de prisión, solo de inhabilitación a cargo público. Y por eso, el magistrado insiste en que es una orden de detención para comparecer ante su persona.
Un caso distinto es el del presidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, de los cuales el juez Llarena reactivó la orden de detención e "ingreso en la prisión" por los delitos de malversación de fondos agravada y desobediencia. Solo en el Estado español, consciente que aún no puede hacerlo en Europa.