El abogado y ahora diputado en el Congreso de JxCat Jaume Alonso Cuevillas ha impartido una clase magistral sobre quién tiene la competencia para suspender a los diputados presos, lo ha hecho a través de un hilo en su cuenta de Twitter.

Cuevillas asegura que la competencia sobre la suspensión no es de la mesa, sino del pleno. El abogado ha decidido ofrecer esta explicación técnica después de que este jueves el presidente de la sala que juzga el procés, Manuel Marchena, devolviera la pelota al Congreso y le diera 24 horas para decidir el futuro de los diputados presos.

El letrado indica que la suspensión sólo procede si la Cámara ha concedido previamente el suplicatorio, que antes tiene que haber sido acordado por el Pleno del Congreso. A partir de aquí, continúa Cuevillas, la presidencia del Congreso (con Meritxell Batet al frente), una vez conoce cualquier actuación judicial que pueda obstaculizar el mandato de un diputado, "adoptará de inmediato las medidas que sean necesarias para proteger sus derechos y prerrogativas".

Toda esta información que ha relatado Cuevillas la ha extraído del Reglamento del Congreso de los Diputados y, a partir de aquí, llega a la conclusión de que "si no hay suplicatorio, no puede haber suspensión".

Cuevillas tiene claro que el Supremo está obligado a poner en conocimiento del Congreso "la existencia de una causa pendiente contra diputados y senadores procesados", ahora bien, también apunta que "el problema es que la ley obliga a que el procés quede suspendido desde la comunicación hasta que las respectivas cámaras (Congreso y Senado) resuelvan".

Con estos tuits, Cuevillas ha intentado hacer entender que esta decisión que no acaba de tomar ni el Supremo ni la presidencia del Congreso "es como una partida de ping-pong". Según el abogado, ninguna de las dos partes se moja sobre la suspensión de los diputados presos porque Marchena "no quiere pedir el suplicatorio para no tener que suspender el juicio", y Batet "no quiere iniciar su presidencia suspendiendo diputados electos contra legem y ante la mirada de toda Europa".

"Que no se note demasiado la flagrante vulneración del Estado de Derecho", concluye con ironía Jaume Alonso-Cuevillas.