La universidad catalana posiciona ante la situación que vive el país. Este mismo lunes, el claustro de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha aprobado que el patio central del edificio Jaume I pase a llamarse "plaza del 1 de octubre". Por otra parte, el claustro de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha firmado un manifiesto "en defensa de los derechos civiles en Catalunya y España".
El documento firmado por los profesores de la UPC denuncia que "la degradación de la situación de los derechos civiles en Catalunya y en el Estado español amenaza las bases de la convivencia y la democracia en nuestro país". En este sentido, consideran que la "involución democrática" es "cada vez más evidente", y lo ejemplarizan con las actuaciones del Gobierno español y la judicatura.
"Asistimos a un conjunto de acciones de los poderes del Estado que son impropias de un estado democrático de derecho", afirma el manifiesto, que denuncia la prisión cautelar con "acusaciones insostenibles" y la persecución de aquellos "que han decidido exiliarse para evitar la misma suerte". Con eso, critican, se ha impedido "la formación de un gobierno legítimo".
Pero su foco va más allá de Catalunya, como el caso de los jóvenes de Altsasu "acusados de terrorismo a causa de una pelea en un bar" o el de los cantantes y usuarios de Twitter. "El Estado intenta criminalizar manifestaciones de protesta ciudadana totalmente pacíficas y, simultáneamente, tolera que un periodista llame a tomar como rehenes ciudadanos de un estado europeo y a hacer actos terroristas en el mismo país", lamentan, en referencia a Federico Jiménez Losantos.
"Ante la gravedad de esta situación, el silencio de una institución como la UPC no es una opción", defienden. Y concluyen: "La recuperación de la convivencia sólo es posible recuperando los usos democráticos y resolviendo en el ámbito político los problemas políticos"