La Ley de Memoria Democrática entra en vigor este viernes después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, quince días después de recibir la aprobación definitiva por parte del Senado, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos. Buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983 son algunos los objetivos de la nueva ley de Memoria Democrática. La Ley 20/2022, que deroga la impulsada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero el año 2007, nace bajo los principios de "verdad, justicia y reparación," y persigue dignificar a las víctimas olvidadas, así como "evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia".

Los puntos clave de la nueva ley

La norma considera un inexcusable deber moral político y un signo de la calidad de la democracia, recordar, reparar y dignificar a las víctimas del golpe de estado, la guerra de España y la dictadura franquista porque entiende que "el olvido no es opción para una democracia".

El régimen franquista, ilegal

La nueva ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, por lo tanto, también se anulan todas sus condenas.

Búsqueda de desaparecidos y banco de ADN

La búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura será responsabilidad de la Administración General del Estado, que impulsará un mapa de localización del conjunto del territorio español. Se encargará de la búsqueda sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Además, creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y así poder comparar los perfiles genéticos en la identificación de los restos. También se ha quintuplicado el presupuesto para abordar las labores de exhumación de víctimas de las fosas comunes hasta llegar a los 6,3 millones de euros al amparo de la nueva normativa.

Ampliación de la definición de víctima

En la nueva ley de Memoria Democrática se amplía la definición y se considera víctima a todas las personas que hayan sufrido individual o colectivamente, mal físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo de sus derechos fundamentales desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Estas personas tendrán derecho al "reconocimiento y reparación integral" por parte del Estado, así como al "resarcimiento" de los bienes confiscados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Fechas del recuerdo

En esta nueva ley se declara el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio a consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

El Valle de los Caídos será el Valle de Cuelgamuros

El Valle de los Caídos cambiará su nombre definitivamente por el Valle de Cuelgamuros y dará a conocer las circunstancias de su construcción, así como su significado. Además, la ley contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática. A partir de este viernes, solo se podrán tumbar los restos mortales de personas muertas a consecuencia de la guerra y se reubicarán aquellos restos que ocupen un lugar preeminente en el recinto, como es el caso de José Antonio Primo que, después de la exhumación de Francisco Franco, es la única tumba individual que todavía queda.

Retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática

Las administraciones tendrán que retirar los símbolos "contrarios a la memoria democrática", como escudos, insignias, placas y otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública que enaltezcan la revuelta militar y la Dictadura. En el caso de las propiedades privadas, tendrán que ser los mismos propietarios los encargados de retirarlos.

Retirada de títulos nobiliarios

La ley suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España, que se concedieron entre 1948 y 1978, entre ellos los de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola.

Acceso a la información pública de los archivos

La norma garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal en los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura que estén al poder de entidades privadas o personas físicas, en particular los referidos al jefe de Estado, se incorporarán al centro documental de la memoria histórica de Salamanca o al archivo del organismo público que se determine de forma motivada.

Vulneración de derechos humanos de 1978 a 1983

Se creará una comisión con el fin de estudiar vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia" y que señale "posibles vías de reconocimiento y reparación".

Acciones divulgativas

La Administración General del Estado creará programas específicos de divulgación con el fin de promover el conocimiento de la memoria democrática, que incluirán el relato de las víctimas, y en especial, la memoria de las mujeres.