El pacto firmado el pasado 2 de noviembre entre PSOE y ERC, por el cual se acordaba el marco general del traspaso integral del servicio de Rodalies a la Generalitat en el contexto de los acuerdos para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, provocó entre los trabajadores de las empresas públicas de ámbito estatal Adif y Renfe un malestar que se sustanció solo una semana después con la convocatoria de cinco jornadas de huelga, los días 24 y 30 de noviembre y el 1, el 4 y el 5 de diciembre, que afectará a todos los servicios de transporte ferroviario ofrecidos por Renfe en el conjunto del Estado, es decir, Rodalies/Cercanías, Regionales, Media y Larga distancia y servicios de alta velocidad AVE y Avlo, a los cuales probablemente se sumarán los trenes de la competencia, ya que la huelga también afecta al administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif.
La inmediatez de la convocatoria, en una decisión tomada además, en plenas negociaciones para una investidura que finalmente ha tenido lugar esta misma semana, ha comportado que la huelga tenga una vertiente más política que laboral y, también, más preventiva que tangible, ya que en todo caso, el previsible paro general del servicio ferroviario en fechas de bastante movimiento de la ciudadanía no se puede interpretar como una reacción a medidas laborales ya adoptadas sino todo lo contrario, como toque de atención por parte de los sindicatos ferroviarios a un traspaso que, de momento, no es más que un pacto político que solo dibuja los grandes ejes sin profundizar en las cuestiones técnicas.
El precedente de 2009, la huelga que no llegó a ser
Dando un poco de repaso a la hemeroteca, no está de más recordar que no es la primera vez que los trabajadores ferroviarios son convocados a la huelga por la cuestión de la transferencia del Estado a la Generalitat de Rodalies. En mayo de 2009, en plena negociación del traspaso vigente, el comité de empresa de Renfe convocó dos jornadas de huelga para los días 9 y 10 de junio en protesta por uno de los puntos del acuerdo cerrado en aquel momento, que indicaba que si en 2011 Renfe y el Govern no habían llegado a un acuerdo para que la operadora estatal siguiera prestando los servicios, los activos y el personal de la compañía explotadora podían traspasarse a la Generalitat.
En aquella situación, como en la actualidad, los representantes sindicales aseguraron que la movilización no era una oposición frontal al traspaso, sino solo a una medida que, según su opinión, podría afectar a la viabilidad de la empresa, a los puestos de trabajo y al modelo ferroviario. Con todo, la huelga quedó desconvocada in extremis gracias a un acuerdo entre sindicatos y el ministerio de Fomento la madrugada anterior al inicio del paro, que preveía la creación de una comisión de negociación y seguimiento de las condiciones en que se tendría que desarrollar la transferencia del servicio de Rodalies a la Generalitat.
Falta "de información y transparencia"
Volviendo a este 2023, aunque el mismo Govern advirtió que el acuerdo con el PSOE era solo un punto de partida que comportaría una negociación "vía a vía y estación a estación", los sindicatos advirtieron que el pacto estaba "cargado de interrogantes". De hecho, la "falta de información e incertidumbre por posibles cambios" sería la principal motivación de la convocatoria de huelga, según declaraciones a ElNacional.cat de la secretaria de Acción Sindical y Transiciones Justas de CCOO en Catalunya, Cristina Torre López, que aboga por exigir "seguridad jurídica" con respecto al traspaso de la gestión de las infraestructuras.
"En ningún caso la huelga se convoca contra el traspaso", afirma Torre, que apunta que "por parte del ministerio hay falta de información", en especial con respecto a las "dos prioridades" que defienden a los sindicatos, "la mejora del servicio y la garantía de las condiciones laborales". De hecho, días antes el presidente de la UGT, Pepe Álvarez, aseguró que "no permitirá que se lleve a cabo un proceso de esta envergadura, que afectaría a más de 2.000 profesionales del operador público ferroviario, sin que se den detalles". Ahora bien, aunque la demanda de información y transparencia sobre las consecuencias del traspaso sea clara por parte de los sindicatos, esta no es la única petición de los representantes de los trabajadores del sector ferroviario.
Rodalies 'una y no cincuenta y una'
Y es que otra de las claves políticas de la convocatoria de huelga es una versión particular del peligro de ruptura de la unidad (ferroviaria) española. Al día siguiente de la convocatoria de huelga, los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Semaf, CGE y SF, que representan a los trabajadores de Renfe y Adif, organizaron una rueda de prensa en Madrid para alertar de "la ambición política" del acuerdo entre socialistas y republicanos, además de considerar que el traspaso supondría la "ruptura" de los derechos de los trabajadores y también la "ruptura" del Grupo Renfe. De hecho, abonando la teoría de la huelga preventiva, los sindicatos expresaron su temor a que "se extienda el ejemplo" a otras comunidades autónomas y las dos empresas públicas acaben fragmentadas en 17 servicios regionales, un particular 'Rodalies una y no cincuenta y una' que contrasta con el posicionamiento de CCOO en Catalunya, que no se posiciona frontalmente en contra del traspaso.
El Govern garantiza las condiciones laborales
Ahora bien, el posicionamiento de los sindicatos y su demanda de información y transparencia contrasta también con las explicaciones dadas por el Govern, que ya ha garantizado las condiciones laborales de todos los trabajadores, además de anunciar que se hará un convenio de colaboración entre la Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral. Según Territori, este convenio recogerá el respeto a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores y el Govern se ha comprometido con las organizaciones sindicales a explicar cómo se realizará el traspaso y que la gestión seguirá siendo 100% pública.
Es por eso mismo que Marc Sanglas, secretario de Movilitat i Infraestructures del Departament de Territori, asegura, en declaraciones a ElNacional.cat, que se trata de una huelga "preventiva" que contrasta con la intención del Govern de "hablar con los sectores y sindicatos ferroviarios para englobar el traspaso", eso sí, cuando este empiece a andar, ya que justo ha arrancado la legislatura y la negociación del traspaso se puede alargar años. En todo caso, por parte del Govern la intención es "buscar a los interlocutores una vez se constituya el nuevo gobierno español" para profundizar en la parte más técnica del traspaso, que tomará forma de una empresa pública participada por Generalitat y Gobierno con capacidad decisoria por la parte catalana.
Eso sí, Sanglas rebate los temores que el traspaso suponga la privatización de Rodalies: "La nueva empresa será cien por cien pública con mayoría de capital por parte de la Generalitat", para añadir que en el Govern "ya tenemos experiencia de operar con un operador público", en referencia a Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), pero también con Renfe, que es el actual operador de los servicios de Rodalies en Catalunya, que ya están traspasados al Govern. Por todo ello, desde Territori se apunta que quedará garantizada la movilidad de los trabajadores y se emplaza a una futura negociación que, en todo caso, se pondrá en marcha cuando se pueda articular técnicamente, no políticamente, el traspaso. "Tenemos la voluntad de transparencia en el acuerdo y que el servicio público funcione", remacha Sanglas.
En esta situación y sin descartar la posibilidad que durante los próximos días se proceda a algún tipo de negociación que permita desconvocarla, la huelga ferroviaria es una reacción en caliente al acuerdo del traspaso de Rodalies que, por una parte, reclama más transparencia más allá de las garantías del Gobierno con respecto a las condiciones laborales de los trabajadores, pero que de la otra también puede tener la capacidad de presionar el nuevo Govern para aguar un acuerdo que, desde una lectura política de corte españolista, repesca el temor de siempre, la ruptura de las estructuras de Estado españolas, en este caso, las ferroviarias. Huelga laboral, pues, pero también política.