El PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado este lunes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de reforma de la ley de extranjería, para intentar dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en las islas Canarias. Todo, después de que el miércoles pasado se sellara el polémico reparto de 347 menores —con Catalunya como la comunidad más absorbente. He aquí algunas claves de la reforma de la ley de extranjería, que obliga a acoger menores migrantes.
La proposición de ley de reforma de la ley de extranjería propone modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, el cual se tendrá que completar en los 15 días posteriores al registro del menor. Así, la iniciativa pretende introducir un nuevo artículo 35 bis que declarará la existencia de "situaciones de contingencia migratoria extraordinaria" a las Canarias, Ceuta y Melilla —territorios donde las "peculiaridades de su ubicación geográfica" favorecen la llegada de los flujos migratorios actuales.
La sobreocupación, en el 150%
El reparto de los menores migrantes no acompañados se realizará cuando se acredite la insuficiencia de los servicios autonómicos de las regiones receptoras para atender a los niños. Concretamente, la reforma establece que se entenderá que existe una "sobreocupación" cuando los menores acogidos superen en un 150% la cifra de plazas ordinarias disponibles en el sistema. En las Canarias habrá 2.000 plazas, mientras que en Ceuta y Melilla habrá 88 y 166, respectivamente. Es decir, que en el archipiélago se pondrá en marcha el traslado de menores cuando se registren más de 3.000 menores migrantes (actualmente hay casi 6.000). En las ciudades autónomas, estas cifras serán de 132 y 249.
Acordar el mecanismo y los criterios
La norma también fija que tanto el mecanismo de derivación de estos niños y niñas entre las diferentes comunidades como los "criterios objetivos" para la determinación de plazas por región serán acordados por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia "atendiendo el principio de solidaridad". Hasta la aprobación del nuevo modelo de gestión, que tendrá "carácter obligatorio" para todas las autonomías y tendrá que estar preparado en los tres meses siguientes en la entrada en vigor de la ley, se aplicará el plan aprobado a la Conferencia Sectorial del 30 de septiembre del 2022 —teniendo en cuenta "las adaptaciones necesarias".
El traslado, en un máximo de 15 días
Como ya hemos mencionado, el traslado de los niños y las niñas a la comunidad de destino se producirá en un plazo de 15 días desde su inscripción al registro de menores no acompañados. Sin embargo, ante la "urgencia" de la crisis migratoria y el volumen de menores presentes en las Canarias, la iniciativa establece un periodo transitorio para la aplicación de la ley: todos los menores que en el momento de la entrada en vigor de la norma excedan el 150% de la ocupación de las comunidades tensionadas podrán ser distribuidos en un plazo máximo de 12 meses entre el resto de autonomías. Finalmente, hay que destacar que la reforma añade al artículo 52 de la norma un nuevo punto por el cual se considerará "infracción leve" cuando las entidades o personas que trabajen en la atención de menores migrantes no comuniquen a la autoridad pública la localización de los niños.
Del 'no' de Junts a la incógnita del PP
Ahora, el PSOE y Sumar empezarán a negociar los apoyos para la aprobación de la proposición de ley. Por una parte, Junts ya advirtió a los socialistas que se opondrán a la reforma de la ley de extranjería si finalmente se repartían menores en Catalunya —es decir, que los independentistas están descartados—. Por otra parte, desde el Gobierno (todavía en manos de ERC), el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, pidió que la reforma sirviera para atender también las necesidades de Catalunya en la acogida de los jóvenes migrantes. Finalmente, el PP se ha abierto a negociar la proposición de ley y ha reclamado un reparto "sin excepción", entre ataques a Junts y ERC. En esta línea, los populares han pedido este lunes al Gobierno un plan nacional de inmigración, sin aclarar todavía la incógnita de si dará apoyo o no a la reforma de la ley de extranjería. Recordemos que el apoyo del PP al reparto de los menores supuso la ruptura con Vox a los gobiernos autonómicos.