El CNI ha admitido que utilizó el programa de espionaje israelí que sólo pueden adquirir estados, Pegasus, para espiar a personas del entorno independentista catalán, ahora bien, ha subrayado que lo hizo siempre de manera individualizada y con autorización judicial, según publica la edición en papel del rotativo madrileño El País en la edición de este martes. Por el contrario, El Español consulta fuentes del Tribunal Supremo las cuales subrayan que nunca han autorizado el CNI a realizar este tipo de acciones de espionaje. Fuentes del servicio de inteligencia español no revelan ni a quién espiaron ni cusndo, pero desconfían de la investigación de Citizen Lab que destapó el presunto espionaje a al menos 65 independentistas con Pegasus. Aseguran, en cambio, que muchos de los que figuran a la lista no fueron espiados nunca por el centro.
Las mismas fuentes sí que admiten que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objeto informativo del CNI los últimos años, en virtud del mandato legal que le atribuye la potestad de prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España, según recuerda el rotativo. Además, las fuentes del CNI admiten que el ente adquirió Pegasus a mediados de la década pasada por unos seis millones. También corroboran que se ha utilizado para espiar cargos públicos a independentistas y explican que, en concreto, se les ha infectado móviles particulares que, según han explicado a El País, se utilizaron para contactar con "grupos de carácter violento como los Comités de Defensa de la República (CDR)". Todas las escuchas, añaden, se hicieron con autorización judicial. Otra de las escuchas en que supuestamente se habría utilizado Pegasus, añade el diario, es la que llevó a la detención de Carles Puigdemont en Alemania en marzo del 2018. El CNI tenía controlado el móvil de uno de los acompañantes del expresidente y eso le permitió seguir el vehículo.
Marlaska cierra filas con el CNI
Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que la investigación interna del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se ha anunciado a raíz del CatalanGate cuestione la institución. El caso de espionaje ha puesto en el punto de mira los servicios de inteligencia españoles y la manera como actúan. El ministro ha evitado sembrar ninguna sombra de duda sobre el CNI y ha defendido su tarea, la cual afirma que siempre es "en los términos de la legalidad". Marlaska ha remarcado que los servicios de Inteligencia están para prevenir y proteger la seguridad de los ciudadanos, pero siempre "en el marco del principio de legalidad". Sin embargo, ha reconocido la necesidad de hacer una "autoevaluación", que no ha centrado en el caso CatalanGate, sino que se refería a "la actuación diaria" para mejorar.
El ministro descarta tajantemente que el control interno que se hará al CNI suponga cuestionar las actividades de la agencia de inteligencia. "De ninguna manera", ha exclamado al mismo tiempo que ha defendido la necesidad de practicar el autoevaluación del actuar diario por si en algún momento se tienen que aplicar mejoras. "Forma parte de las instituciones", ha defendido. Marlaska ha aprovechado para enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos asegurando que la intimidad de sus comunicaciones está "absolutamente garantizada" y que la policía española y la Guardia Civil patrullan las redes para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y perseguir cualquier actividad ilícita en las redes.
Las explicaciones que hasta ahora ha dado el Gobierno no han satisfecho al Govern. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ya lo advirtió cuando acabó la reunión el pasado domingo con el ministro Fèlix Bolaños y lo repitió este lunes en Catalunya Ràdio, donde exigió a Pedro Sánchez que dé la cara. La consellera remarcó que el caso de CatalanGate ha dejado las relaciones Estado-Generalitat "tocadas". "En cualquier caso quedan tocadas todas las negociaciones que se podían producir entorno otras leyes y acuerdos y que, en estos momentos, cuelgan de un hilo", sentenció la titular de la Presidència.