El Centro Nacional de Inteligencia espió al independentismo catalán, pero lo hizo con una autorización judicial del Tribunal Supremo. Según fuentes conocedoras, esta es la versión que ha dado hoy la directora del CNI a la comisión de secretos oficiales. Eso sí, Paz Esteban ha rebajado la lista a sólo 29 dirigentes independentistas, entre los cuales hay el president Pere Aragonès y el entorno del expresident Carles Puigdemont en Waterloo. Se encuentra muy lejos del informe de 65 políticos, activistas, abogados y periodistas catalanes y vascos que Citizen Lab ha acreditado que tenían el teléfono infectado con el programa Pegasus. Y quedan muchas incógnitas en el aire: ¿quién espió al resto de independentistas? ¿Y al presidente español Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles? El PSOE y la derecha han salido muy satisfechos; todo lo contrario que el independentismo.
La comparecencia a puerta cerrada ha empezado a las nueve de la mañana y ha durado más de tres horas, con presencia de dos de los espiados con Pegasus: los diputados Míriam Nogueras, de Junts, y Albert Botran, de la CUP. Antes se ha procurado que los portavoces de los diferentes partidos dejaran los móviles en taquillas y se ha hecho un barrido electrónico, para evitar grabaciones. Sólo se les ha permitido tener papel y boli.
Según diversos de los portavoces presentes en la comisión de secretos oficiales, buena parte de la comparecencia se ha centrado prácticamente en el CatalanGate, el espionaje al independentismo, y no tanto en la infección de los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Y, según fuentes conocedoras, la directora del CNI ha acudido al Congreso de los Diputados con documentación —las autorizaciones judiciales para el espionaje del magistrado Pablo Lucas— que los diputados han podido consultar.
Ha enseñado 18 avales con nombres y apellidos y 11 más con los nombres tachados en negro. Entre esta larga veintena de personas se encuentran el president Aragonès (que en 2019 era vicepresident del Govern y coordinador nacional de ERC); el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; el diputado de la CUP en el Parlament, Carles Riera, o líderes de la sociedad civil como Marcel Mauri. Pero también personas sin proyección pública. La motivación sería su vínculo con el independentismo y con el movimiento Tsunami Democràtic durante las protestas posteriores a la sentencias del procés.
Durante la comparecencia, según las fuentes consultadas, no se ha aclarado si se utilizó el software Pegasus. Tampoco lo que tiene que ver con el resto de espiados, recogidos en el informe de CitizenLab. Diputados como el republicano Gabriel Rufián han apuntado dos hipótesis: un país extranjero o "elementos incontrolados" del Estado, siempre según fuentes conocedoras.
La directora del CNI es la principal señalada en el escándalo de espionaje político. Lo es por el independentismo, que ve las zarpas de los servicios de inteligencia españoles detrás del CatalanGate. Pero también está en el punto de mira por la enorme brecha de seguridad que permitió extraer casi tres GB de datos de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La misma Robles evitó ayer garantizar su continuidad en el cargo, como también han hecho otros ministros.
Sin aclaraciones de Robles
El Gobierno se remitía a las comparecencias de Margarita Robles y Paz Esteban para aportar "transparencia" al CatalanGate. Pero este ejercicio de "transparencia" no llegó en el caso de Robles. En la comisión de Defensa, la ministra Robles no aclaró ningún extremo sobre el caso Pegasus, amparándose en la ley de secretos oficiales. Al contrario, la dirigente socialista se dedicó a rebatir las críticas de los independentistas con ataques para hacer "insinuaciones sin pruebas". E incluso, lejos de retractarse, volvió a justificar el espionaje, como ya hizo la semana pasada en la sesión de control del Congreso, argumentando "situaciones de violencia para las personas" en las protestas posteriores a la sentencia del procés.
Al independentismo no le basta
Los partidos independentistas ya han expresado durante los últimos días que no bastaba con una comparecencia de la directora del CNI a puerta cerrada y con prohibición de comunicar el contenido. Así ha quedado claro también a la salida de la comisión de secretos oficiales. Gabriel Rufián, Míriam Nogueras y Albert Botran han reclamado una comisión de investigación en el Congreso, que haya ceses o dimisiones y que se desclasifique la información compartida hoy por Paz Esteban. Unidas Podemos se ha sumado a estos reclamos, mientras el PSOE ha intentado dar carpetazo al CatalanGate.