El Gobierno no ha cumplido su compromiso de desclasificar documentos del CNI sobre el 17-A y continuará siendo una incógnita cuál era la relación exacta del imán de Ripoll con los servicios de inteligencia españoles. El Ministerio de Defensa ha respondido a la comisión del Congreso de los Diputados que investiga los atentados del 2017 que el Consejo de Ministros no ha desclasificado los documentos sensibles relativos a los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils y que, por lo tanto, este material solo podrá ser consultado en la Comisión de Asuntos Reservados, que se reúne a puerta cerrada y que todas sus deliberaciones son secretas. Eso será así, asegura el Ministerio de Defensa en un escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat, hasta que Pedro Sánchez no dé el paso al que se comprometió hace meses. El caso es que este martes comparecerá en esta comisión de la cámara baja Félix Sanz Roldán, director del CNI entre el 2014 y el 2019; y ahora su declaración quedará coja. La desclasificación de los documentos es necesaria para una comisión que Junts per Catalunya exigió a cambio de votar a favor del nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.
El pasado mes de septiembre, el entorno más directo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicaba a los periodistas del Congreso de los Diputados, que el Gobierno desclasificaría de forma inminente los informes del Centro Nacional de Inteligencia sobre los atentados del 17-A. Estas mismas fuentes exponían que querían desvanecer todas las "desconfianzas" que hay en torno al CNI. "No hay nada que esconder", insistían, porque querían sacar pecho de su "total transparencia" en este tema; aunque es una exigencia histórica de Junts per Catalunya.
Con la decisión de seguir manteniendo estos documentos en la oscuridad, sigue siendo una incógnita la relación entre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y el CNI. Porque se sabe que fue confidente de los servicios secretos y que tuvo contacto hasta poco antes de los atentados. A pesar de todo, el relato del Gobierno es que el Centro Nacional de Inteligencia no tuvo nada que ver con aquellos ataques terroristas. De hecho, Sanz Roldán ya compareció en 2018 en el Congreso de los Diputados pero no entró en detalles sobre los contactos del CNI con el imán.
El escrito del Ministerio de Defensa
En su escrito, el Ministerio de Defensa solo apunta que el cerebro de los atentados del 2017 nació en 1973 en Marruecos, y hace una recopilación de las distintas veces que solicita el permiso de residencia de larga duración, cosa que se le otorgó en 2006 por parte de la delegación del Gobierno en Barcelona. Más tarde solicitó la protección de asilo, cosa que se le denegó. El CNI también apunta que no se recibieron indicios sobre radicalización antes de los atentados del 17-A. El documento también acredita que la policía española da por hecho que Es Satty murió a causa de la detonación de explosivos por accidente en la casa de Alcanar, laboratorio de una célula yihadista que el CNP acredita que era "sólida" y estaba "unida a través de lazos familiares y de amistad". Irónicamente, el Gobierno destaca que el imán tiene caducada su Tarjeta de Identidad de Extranjero desde 2021, como si ignorara que el CNP le da por muerto desde cuatro años atrás.
La documentación que solicitó el Congreso
La documentación que el Congreso de los Diputados pidió al CNI es el registro de visitas a Es Satty en la prisión de Castellón por parte de miembros de los servicios secretos, y también las transcripciones de las entrevistas mantenidas por miembros de la inteligencia española con el cerebro de los atentados del 17-A. También se reclamó el permiso de residencia de larga duración y el expediente de solicitud de residencia del terrorista. Se pidió, también, una prueba documental fotográfica de la furgoneta blanca que se encontró en Sant Carles de la Ràpita días después de la explosión de Alcanar y que era propiedad del islamista radical; actualmente, se encuentra en el depósito Egara de los Mossos d'Esquadra.
El plan de trabajo de la comisión de investigación también pedía la circular policial, en caso de haberla, sobre la advertencia de la aplicación del reglamento europeo sobre precursores de explosivos. El Ministerio de Defensa ha respondido a esta cuestión señalando que no les consta ninguna circular del Ministerio del Interior en lo referente a la aplicación de este reglamento en relación con los atentados del 2017. Se solicitaron vídeos y pruebas de voz de testigos, así como los acuerdos de las Juntas de Seguridad Autonómicas sobre coordinación entre policía española, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra desde 2011. Y, finalmente, la información que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre posibles amenazas terroristas entre 2016 y 2017.