Después del relevo de Rosa Alarcón al frente del Área de Movilidad, el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau al frente continúa marcando distancias con el equipo de gestión de la etapa de Alarcón. Laia Bonet, la nueva titular, ha decidido de alguna forma relegar en sus responsabilidades a Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad, incorporando al mismo cargo a Oriol Altisench, ingeniero y actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña. Con este distanciamiento, Bonet muestra poca confianza a Valdés, quien se ha visto envuelto en una investigación de la fiscalía por “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes”.

Y es que el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona no ha dado tregua al grupo del PSC encabezado por Jaume Collboni. Ante la demanda interpuesta por la ‘start up’ Tucycle Bikesharing, en la que denunciaba una posible maniobra del consistorio municipal por ampliar licencias de motos compartidas sin concurso beneficiando a las grandes empresas operadoras, el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona citó a declarar por el caso a Manuel López Valdés. Esta ha sido la gota que ha derramado la paciencia de una Laia Bonet que quiere iniciar su periplo en la cartera de movilidad sin arrastrar problemas del pasado.

El Área de Movilidad, muy cuestionada por su actuación y decisiones, estaba inmersa en una grave crisis que ya se saldó con la salida de Rosa Alarcón hace tan solo unas semanas. Fuentes internas aseguran que la presión dentro del consistorio por la judicialización de todas las causas abiertas ha obligado al Ayuntamiento de Colau a tomar cartas en el asunto.

Manuel Valdés López es el autor del informe técnico justificativo de la necesidad de revisión del número de licencias temporales de uso común especial del dominio público para el estacionamiento de ciclomotores y motocicletas de uso compartido en régimen de explotación económica en el término municipal de Barcelona, emitido en fecha 21 de diciembre de 2020. La gestión condujo al Ayuntamiento de Barcelona a aumentar en 3.000 el número de licencias municipales de motos eléctricas compartidas sin presentar un nuevo concurso ni obligar al cumplimiento de la ley que fijaba en 381 el número de motos por operador, aunque en la práctica había muchas más concentradas en manos de unas pocas empresas.

Hubo críticas por parte de quienes entendían que esta decisión del consistorio solo beneficiaba a las empresas que ya estaban operando en la ciudad y que disponían de los vehículos. Se trata de los grandes operadores Ecooltra, Acciona, Yego y Movo. Ante esta situación, la empresa Tucycle Bikersharing presentó una demanda por “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes”.

La gestión directa de Manuel Valdés López se ha visto en entredicho en todo el proceso de gestión de los servicios de movilidad compartida. El consistorio también ha sido denunciado ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público por el caso de las motos compartidas sin concurso público. A su vez, la Fiscalía ha investigado al gerente por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.