Las asociaciones Col·lectiu Praga y Drets han llevado la violencia policial del 1 de Octubre, la situación de los presos políticos y la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado al examen periódico de España ante las Naciones Unidas. Así lo han explicado a través de un comunicado este viernes. Según han expuesto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lleva a cabo regularmente el Examen Periódico Universal (EPU) que incluye la revisión la evaluación regular del respeto por parte de los Estados Miembros a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se lleva a cabo cada cuatro años. El 2020 es el turno del tercer examen del Estado Español, entre otros.
¿Cuál es el procedimiento?
El procedimiento de revisión incluye, para cada uno de los Estados miembros, un informe preparado por el propio Estado, un informe preparado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presentación de informes por parte de entidades no gubernamentales de todo el mundo en relación al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales a los Estado miembros de la ONU, y la elaboración de un informe recopilatorio por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de las aportaciones recibidas de la sociedad civil.
La información facilitada, y discutida en una pre-sesión con las entidades de la sociedad civil registradas para asistir, es recogida por los Estado miembros de las Naciones Unidas para ser discutida en la sesión del examen. El día del examen el Estado presenta su informe y la respuesta a las preguntas anticipadas que ha recibido, intervienen los Estados miembros que lo deseen y dan lugar a la posterior elaboración y aprobación de un informe con las recomendaciones que tiene que seguir el Estado examinado los próximos años. Previsiblemente la sesión dedicada al Estado Español tendrá lugar el primer trimestre de 2020.
Cuatro denuncias de vulneración de derechos por parte de España
Así, el Colectivo Praga y Derechos han hecho uso de este mecanismo para formular cuatro claras y concisas denuncias de vulneración de derechos por parte de España. La primera, la restricción de los derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y libre ideología a causa de los cargos presentados por la fiscalía y la situación de prisión del presidentes de Òmnium (Jordi Cuixart) y de la ANC (Jordi Sànchez).
La segunda, la violencia policial del 1 de octubre como trato inhumano y degradante en la población civil en vulneración de sus derechos individuales y colectivos, así como la falta de investigación de los hechos por parte de las autoridades españolas, el bloqueo de las investigaciones judiciales por parte de la fiscalía, y los premios y ascensos recibidos por parte de los que protagonizaron o dirigieron esta actuación policial. También se denuncia el intento de abrir diligencias judiciales contra los ciudadanos denunciantes de la actuación policial en un claro intento de disuadirlos.
La tercera, la espuria utilización de los delitos de odio para disuadir a los ciudadanos de las críticas y las protestas contra la actuación policial en clara vulneración de la libertad de expresión, así como la falta de derogación de la llamada ley mordaza, que ha comportado triplicar las multas y sanciones por supuesta falta de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en clara vulneración de la libertad de expresión.
La cuarta, el bloqueo por decisiones judiciales del normal funcionamiento de las instituciones catalanas, así como la vulneración del derecho a un juicio justo en sus diversas vertientes por las irregularidades cometidas durante el juicio del procés ante el Tribunal Supremo.
Solicitan la libertad de los presos políticos
Finalmente, se solicita que se adopten como recomendaciones la puesta en libertad inmediata de los presos políticos, la investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1 de octubre de 2017 en Catalunya y la reforma de la llamada ley mordaza.