El colectivo de abogados Atenes ha presentado una querella contra el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todos los miembros de su Ejecutivo y el Tribunal Constitucional por haber impedido la investidura a distancia de Carles Puigdemont. A todos ellos les acusa de un delito de prevaricación y de otro contra el ejercicio de los derechos cívicos que reconoce la Constitución española.
Según la querella, a la que ha tenido acceso El Nacional, se pide abrir un proceso penal contra Rajoy, todos los ministros del su Gobierno y los magistrados del TC por la ejecución de un "plan para impedir la investidura del candidato escogido democráticamente" en las elecciones del 21-D, lo cual supuso "conculcar los derechos políticos y electorales reconocidos en la Constitución española".
Según los querellantes, el Gobierno y el TC impidieron la investidura de Carles Puigdemont "con decisiones y resoluciones injustas" que rompieron "una de las garantías constitucionales que vertebran el Estado de Derecho", que es el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública "directamente o por medio de representantes, libremente escogidos en elecciones periódicas."
La demanda, que recuerda que la lista electoral de Junts per Catalunya "no fue impugnada por ningún partido político ni por el Gobierno ante la Junta Electoral Central", pide imputar a los miembros del Gobierno Rajoy y del Constitucional por los delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales y pide que se citen a declarar a todos los querellados.
Además, el colectivo Atenes pide que se reclamen las comunicaciones telefónicas que los querellados hicieron entre los días 24 y el 27 de enero y una fianza de 4.392.891 euros, "a razón de un euro por votante" en las elecciones del 21-D, al entender que la negativa a la investidura de Puigdemont supuso la inhabilitación de los resultados electorales.
Denuncia contra Lamela
El mismo colectivo ya denunció, a principios de mes, el nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial de Carmen Lamela como magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que consideran "que no tiene méritos ni capacidades acreditadas para el cargo".
En aquella ocasión denunciaban que en el comunicado oficial que anunció su designación no se hablaba de su participación en la causa especial relativa a la "persecución y decreto de prisión provisional de los políticos catalanes favorables a la independencia".