Colleja del Consejo de Europa a España por el uso del catalán en los juzgados. Los estados que forman parte del Consejo de Europa, la organización europea independiente en la UE que tiene como objetivo la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, han instado al Estado español a hacer que los procedimientos judiciales puedan llevarse a cabo en catalán, euskera, gallego o aranés si una de las partes lo pide para procesos criminales, civiles o administrativos.
La posición del Consejo se trata de una recomendación adoptada este martes en el Comité de Ministros que representa la organización. Con todo, apoya a todas las observaciones y peticiones de los expertos en el informe sobre la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias en España que publicaron el pasado 24 de septiembre, entre las cuales está el posicionamiento contrario al 25% de castellano en las escuelas de Catalunya.
"No atienden las peticiones"
Los ministros consideran que en Catalunya, las Islas Baleares, País Valencià, Galicia, el País Vasco o el Arán, que tienen sus respectivas lenguas oficiales, tendrían que estar garantizadas a la educación "en todos los niveles apropiados". Los ciudadanos, además, tendrían que poder dirigirse e interactuar en estas lenguas con las delegaciones de la Administración central. En su informe de septiembre, los expertos del Consejo de Europa hacían notar que la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" y que no está garantizado que los tribunales las utilicen en sus procedimientos.
Aunque reconocían que no hay datos recopilados a escala estatal, indicaban que "es bien sabido" que casi nunca se usan ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes. Sobre la Administración del Estado en estos territorios, afirmaban que "sigue siendo muy baja" la proporción de la plantilla que tiene conocimiento como para trabajar con la lengua cooficial y además "muchos textos administrativos y formularios siguen estando disponibles solo en castellano".
No incluye entre las recomendaciones prioritarias su posicionamiento contrario al 25% de castellano
Así, reclaman una acción "inmediata y decidida" para proteger y salvaguardar el aragonés y el catalán en Aragón, el leonés en Castilla y León, el valenciano en Murcia, el dàrija y el amazig en Ceuta y Melilla, así como sus respectivas culturas. En paralelo, solicitan que se garantice la enseñanza y el estudio "en todos los niveles apropiados" del amazig y el dàrija en Ceuta y Melilla, el leonés en Castilla y León y la fala en Extremadura.
En el texto adoptado, el Comité de Ministros no ha incluido entre sus recomendaciones prioritarias uno de los puntos más controvertidos del informe de los expertos, en el cual estos estimaban que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.