La decisión del Tribunal de Apelación belga contraria a la extradición del conseller Lluís Puig representa "un paso inmenso" en la estrategia de los políticos independentistas exiliados para derrotar el Estado español ante los tribunales europeos, según el eurodiputado Toni Comín, exiliado también en Bruselas.
El tribunal de Apelaciones de Bruselas ha rechazado esta mañana el recurso de la fiscalía belga contra la negativa del tribunal de primera instancia de entregar a Puig al Estado español por un delito de malversación a raíz de su participación en el referéndum del 1-O. La de hoy ha sido la tercera euroorden del juez Pablo Llarena que ha fracasado ante la Corte de Apelación después de la negativa previa de un tribunal de primera instancia.
Comín asegura que se trata de una gran victoria jurídica y "también política" y advierte que el argumento de falta de competencia del Supremo es "una bofetada durísima para al máximo tribunal español".
Esta decisión impediría al Supremo continuar la persecución de los exiliados, dado que tendría que remitir el caso a un tribunal ordinario.
Además, según el eurodiputado, demuestra que para los tribunales europeos las resoluciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas son vinculantes y que cuando el Tribunal Supremo las ignora "se comporta como un tribunal paria". Finalmente, "carga de argumentos a los presos de cara a su defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" dado que "tampoco para ellos era competente" el Supremo.
Comin se refiere también a la conclusión de falta de garantías de un juicio justo, que habría llevado al Tribunal de Apelación a rechazar la extradición. Advierte que no se está respetando la presunción de inocencia, en un tribunal que además es de segunda instancia, lo cual demuestra, según su opinión, que "hoy España no se comporta como un estado de derecho y que su justicia no es imparcial".
En tercer lugar, concluye que la decisión de excluir la extradición automática "es una vez más la demostración no que no estamos ante un caso de corrupción, contra lo que intentaba hacer creer al juez instructor".
"Hoy la estrategia del lawfare del Tribunal Supremo español se ha hundido como un castillo de cartas", asegura.