El abogado defensor del conseller Toni Comín y la delagada del Gobierno en la UE Meritxell Serret, Gonzalo Boye, ha presentado este miércoles ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena el recurso de reforma contra el auto de procesamiento del pasado mes de marzo, al considerar que no se cometió ningún delito de rebelión y por lo tanto no puede haber responsables.

El recurso también acusa al estado de hacer una investigación previa sin autorización judicial y que se ha hecho una "persecución política" de sus clientes y los otros encausados.

En su recurso, en el cual ha tenido acceso la ACN, el abogado pide la nulidad del auto que declara Comín y Serret en situación de rebeldía, por cuestiones procesales y temporales que también afectarían al auto de procesamiento y finalización de la instrucción.

Según Boye, Comín y Serret tienen el derecho de seguir recurriendo las resoluciones y, por lo tanto, no dar por finalizado el procedimiento contra ellos. Si Llarena no lo permitiera, el abogado cree que estaría para poder aplicar en Comín la suspensión de cargo público, como diputado, que prevé la LECrim.

Persecución política

Según el abogado, la investigación no empezó con la querella de la Fiscalía General del Estado del 30 de octubre, sino que ya mucho antes del 20 de septiembre había investigación "secreta" y una relación "epistolar" entre el secretario de estado de Hacienda y el fiscal general del estado, José Manuel Maza, sobre los gastos de la Generalitat durante el proceso soberanista, y donde hablan de "requerimientos" de la fiscalía a Hacienda.

El consejero|conseller Toni Comín y la delegada del Gobierno en la UE Meritxell Serret / ACN

Estos documentos, que no están completos, fueron aportados recientemente por Llarena al tribunal alemán de Schleswig-Holstein en la causa por extradición contra Puigdemont. El abogado lamenta que buena parte de esta investigación esté "oculta" en las partes, cosa que hace deducirle que se trata de una "persecución política".

A continuación hace una larga enumeración de irregularidades en el proceso judicial por parte de Llarena, como denegar pruebas a las defensas, dividir la causa con la Audiencia Nacional española y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona o retirar las euroórdenes por motivos tácticos.

Tensionar la ley española

Sobre el delito de rebelión, Boye recuerda que el tribunal alemán no lo ve contra Puigdemont, y el letrado recuerda que el propio Llarena retiró la primera euroorden el pasado mes de diciembre. Además, el 16 de mayo pasado la justicia belga inadmitió a trámite la segunda euroorden, emitida por Llarena, porque no se formuló correctamente y tenía errores formales.

Dos días después la fiscalía pidió que se volviera a enviar la euroorden, cosa que todavía no ha pasado y, por lo tanto, cosa ha impedido a la justicia belga entrar en el fondo del asunto, como sí ha hecho Alemania.

Los consellers Lluís Puig y Toni Comín y la delegada del Gobierno en la UE Meritxell Serret / ACN

De hecho, el abogado asegura que "unos mismos hechos no pueden ser delictivos en España y no serlo en el resto de la Unión Europea, al menos si pretende mantenerse como aparte de una Unión que va mucho más allá de un simple tratado económico y que aspira a convertirse en un espacio jurídico y judicial único". Así, considera que Llarena "está tensionando de manera indebida el ordenamiento jurídico de la UE y el sistema de euroórdenes".

Sobre el delito de malversación, critica que aunque los informes de la Guardia Civil no lo pueden acreditar plenamente, "se deja constancia que seguirán investigando porque el dinero se ha tenido que gastar", obviando los informes de Hacienda y las afirmaciones del ministro Cristobal Montoro.

De hecho, cree que habría que investigar a los responsables del ministerio por si habrían ocultado o ayudado a ocultar información al magistrado sobre posibles gastos ilegales.