Han tenido que pasar exactamente tres años para que se vuelva a reunir la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat. Hacía tan solo dos meses que Pedro Sánchez se había instalado en La Moncloa después de la moción de censura, su ministra de Política Territorial era Meritxell Batet y el president de la Generalitat era Quim Torra. Aquel encuentro sirvió para constatar el profundo desacuerdo entre los dos gobiernos. Treinta y seis meses después, algunas piezas han cambiado. La ministra del ramo, después de una remodelación, ya no es catalana: es la manchega Isabel Rodríguez. Y la presidencia de la Generalitat ha cambiado de color, ahora en manos del republicano Pere Aragonès. También ha variado la estrategia de La Moncloa: centrarse en mejorar el autogobierno para aparcar las reivindicaciones independentistas. Habrá que ver si también se obtiene un resultado diferente.

"Tienen la oportunidad de demostrar que quieren dejar de vender humo". En estos términos se expresa un miembro destacado del gobierno catalán preguntado por cómo se afronta en la Generalitat la reunión de este lunes. Una afirmación que va de la mano de la sospecha -fundamentada- de que en la Moncloa tienen la tentación de hacer creer que se mueven pero acabar posponiendo las responsabilidades.

Con la crisis de gobierno de hace dos semanas, además de cambiar caras, desde La Moncloa no esconden otro objetivo a perseguir: hablar mucho menos del conflicto político para centrarse en resultados tangibles, del día a día de la Generalitat y sus competencias; la famosa "agenda para el reencuentro". Se ha podido observar en la misma política comunicativa del Ejecutivo central, ahora dirigida por el socialista catalán Francesc Vallès: todo aquello que tiene que ver con el conflicto político ha quedado aparcado, cuando no ignorado. Este es un camino más lento y más incierto que se tendrá que afrontar en la mesa de diálogo. En cambio, subrayan la "importancia" que supone la bilateral para conseguir frutos más rápidos y tangibles.

En cualquier caso, la parte catalana espera que sirva de termómetro para calibrar la voluntad real del gobierno de Pedro Sánchez de resolver la carpeta catalana. De momento, curados como están de traspiés previos, van con "expectativas relativas", tal como afirmó el vicepresident Jordi Puigneró.

Los contactos para elaborar un orden del día conjunto no presagian un camino fácil. Durante semanas los técnicos de un y otro lado han entablado conversaciones para cerrar el guion de la reunión. La parte catalana, que encabeza la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, se ha topado con la negativa del Estado de incluir como uno de los puntos a abordar la gestión de los fondos europeos. Desde La Moncloa justifican que el lugar para abordarlo es el espacio multilateral: la conferencia de presidentes autonómicos del viernes pasado en Salamanca y la reunión sectorial de este lunes, también multilateral, en la que habrá representación catalana. Esté o no oficialmente, desde el ejecutivo catalán ya adelantan que sacarán el tema en la bilateral.

Larga lista de incumplimientos

La montaña de asuntos a revisar y solucionar es gigante. Hay, por ejemplo, 56 traspasos pendientes. "Los queremos todos y los queremos rápido", advertía la semana pasada Vilagrà. Uno de los puntos calientes que más años hace que se arrastra es la famosa disposición adicional tercera, aquel apartado del Estatut según el cual el Estado tiene que invertir una suma determinada para financiar las infraestructuras catalanas. La deuda se eleva, según los cálculos de la Generalitat, a 3.800 millones de euros. También vienen de lejos la deuda en becas o la infrafinanciación de la ley de la dependencia. La normativa estipula que las arcas del Estado tienen que inyectar el 50% de los recursos y hace años que este porcentaje no supera el 15%.

Más allá de facturas pendientes de cobrar, en la cita se abordará la conflictividad competencial. Uno de los puntos relevantes tiene que ver con el recurso que Moncloa ha presentado contra la ley catalana que regula el precio de los alquileres. Asimismo, se reclamará la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y se presionará con la derogación de la ley mordaza y "el decretazo digital".

Pero no solo se tratarán cuestiones que ya han generado chispas, sino que se han incluido algunas sobre las cuales se prevé que pueda haber tensión. Es el caso de la ley del audiovisual que prepara el Estado y que, en opinión de la Generalitat, no protege la creación en catalán.

En cambio, el Gobierno ha sido mucho más difuso a la hora de aclarar qué temas quiere abordar: becas, Rodalies, infraestructuras o uso de la lengua. La titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, será la única ministra que se siente en la reunión de este lunes. Pero la acompañarán secretarios de estado de al menos tres ministerios más: Presidencia, Economía y Transportes. Desde La Moncloa quieren enviar un mensaje claro: desde la negociación bilateral se pueden conseguir frutos concretos para mejorar el autogobierno. El mejor ejemplo, el lehendakari Íñigo Urkullu, que negoció su presencia en Salamanca a cambio del traspaso de tres impuestos nuevos a las diputaciones vascas.

A la espera de resultados

El objetivo de la consellera de la Presidencia es que de esta primera reunión se salga adelante ya con algún tema cerrado, tal como afirmaba en esta entrevista con ElNacional.cat. Uno de los que podría ser fácil de resolver es el cambio de titularidad de algunos edificios, uno de los emblemáticos, la Jefatura de la Policía de la Via Laietana. Consciente, sin embargo, de que la mayoría de carpetas quedarán abiertas, la reclamación del Govern es que se pueda establecer un calendario concreto para ir resolviendo temas a buen ritmo, de cara al otoño. La principal premisa es que de una vez por todas se deje de marear la perdiz.

Desde La Moncloa quieren, con esta comisión bilateral, aplanar el camino de la "normalidad institucional". La presencia del conseller Jaume Giró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue una primera prueba de fuego, que desde el Gobierno valoran positivamente. Ahora quieren calibrar qué margen hay para pacificar el conflicto político, que va para más largo, con traspasos e inversiones. El objetivo: tener dos años de legislatura relativamente tranquilos. En medio, habrá que aprobar unos nuevos presupuestos del Estado que canalice la lluvia de millones europea. Los votos independentistas volverán a ser necesarios. Para eso, tendrán que cambiar de chip: del incumplimiento al cumplimiento.

 

Imagen principal: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante un encuentro en el Palacio de la Moncloa. - EFE