Una misma reunión de la comisión bilateral, que se ha hecho esperar tres años, pero dos ruedas de prensa diferentes para valorarla. El Gobierno, en boca de la ministra Isabel Rodríguez, se ha felicitado por los acuerdos cerrados este lunes entre el Estado y la Generalitat. Hablan de "avances" y de un encuentro "fructífero". Pero desde la misma Generalitat, que iba reclamando el traspaso de 56 competencias pendientes, rebajan este triunfalismo. Después de detallar los pocos acuerdos alcanzados del todo, tanto el vicepresident Jordi Puigneró como la consellera Laura Vilagrà han advertido que los resultados han sido "del todo insuficientes". El acuerdo más importante —la ampliación del Prat— se ha cerrado en otro encuentro. Y no se ha podido hablar de los fondos europeos de forma bilateral, como pretendía la delegación catalana.

 

El Estado y la Generalitat se han reunido durante dos horas en Madrid, después de semanas de reuniones técnicas. En la delegación catalana, aparte de Puigneró y Vilagrà, también estaba la delegada en Madrid, Ester Capella, o el secretario general de Vicepresidencia, Ricard Font. Por la delegación española, aparte de Isabel Rodríguez, han asistido la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Los grandes acuerdos que se han sellado son principalmente dos. En primer lugar, el traspaso de las becas universitarias, que se cerrará en octubre y tendría que ser vigente para el curso 2022/23. Uno de los 56 traspasos. En segundo lugar, la inversión de 200 millones de euros que corresponden a la deuda de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que la inversión del Estado en Catalunya tiene que ser proporcional a su aportación al PIB estatal. Durante años, esta previsión estatutaria ha sido incumplida. De estos 200 millones, 100 se transferirán al Govern "de forma inminente" y el resto -en dos transferencias de 50 millones- antes de finales de año.

Hay otras cuestiones, sin embargo, que no están tan avanzadas, y para las cuales se activarán las comisiones mixtas previstas en el Estatut. También se crearán grupos de trabajos específicos, como el que tendrá que estudiar el cambio necesario en la legislación estatal para hacer efectivo el traspaso del ingreso mínimo vital, que refuerce la renta garantizada de ciudadanía. También se creará un grupo de trabajo específico para estudiar los cambios legislativos en la normativa estatal que den cabida a la ley catalana de alquileres. En este sentido, tanto la Generalitat como el Gobierno se han conjurado para reducir la conflictividad institucional, que tantas veces ha acabado dirimiendo el Tribunal Constitucional. También está el compromiso de estudiar el traspaso íntegro de Rodalies a la Generalitat.

Entre los traspasos que podrían llegar en los próximos meses están los de formación sanitaria especializada (MIR), el de salvamento marítimo o algunos aspectos de legislación laboral vinculados a la inspección de trabajo. También está sobre la mesa el destino de la Jefatura de Policía de Via Laietana.

Sea como sea, el Govern no sale del todo satisfecho. "En esta reunión no hemos conseguido el objetivo: queríamos que muchos más traspasos se acordaran", ha asegurado la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, que ha admitido que ha sido "insuficiente" porque querían mucha más concreción. En los mismos términos se ha expresado el vicepresident Jordi Puigneró: "Los hechos que se vayan produciendo demostrarán si realmente tienen o no intención de avanzar en la pantalla del autogobierno. Nosotros queremos otra cosa. Los que quieren autogobierno son los que han de acelerar. Y de momento, de acelerar, no mucho". Puigneró también ha expresado su malestar por que no se pueda abordar los fondos europeos de forma bilateral, pero ha dejado claro que "seguiremos insistiendo". Tampoco han encontrado terreno sobre la ley audiovisual que prepara el Gobierno y que según la Generalitat solo protege al castellano.

Los dos gobiernos han acordado que al menos haya una reunión al mes de las diferentes comisiones y grupos y que en febrero del 2022 se vuelva a reunir la comisión bilateral para analizar los avances. Un calendario de seis meses para avanzar en los traspasos.

La Moncloa, otra versión de los hechos

Muy diferente ha sido el discurso de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha comparecido desde el mismo Ministerio. La dirigente socialista ha calificado la reunión de la comisión bilateral de "fructífera y muy ejecutiva". En este sentido, la también portavoz del Ejecutivo central ha defendido que "ha habido contenido, calendario y avances". Rodríguez ha salido con una "sensación muy positiva".