Siete años han tenido que pasar para ver una nueva reunión de la comisión Bilateral Estado-Generalitat. Siete años en los cuales el avance del proceso soberanista y la respuesta represiva desatada por el gobierno del popular Mariano Rajoy han dinamitado las relaciones Catalunya-Espanya. El cambio en la Moncloa, con la llegada de Pedro Sánchez gracias al apoyo de ERC y el PDeCAT a la moción de censura ha servido para reactivar el diálogo. Pero de la cumbre de este miércoles, que estará liderada por el conseller Ernest Maragall y la ministra Meritxell Batet y que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat, no se espera que salgan grandes acuerdos. Eso sí, será una muestra de la distensión entre los gobiernos de Sánchez y Quim Torra después de la primera reunión que celebraron en la Moncloa los dos presidentes y antes de la siguiente que se prevé en otoño.
Las posiciones entre los dos ejecutivos, sin embargo, llegan a la reunión muy alejadas. El Govern ha conseguido que Madrid diera un paso y aceptara hablar de autodeterminación y de la situación de los presos y los exiliados durante la reunión. De hecho, es el punto sexto del orden del día. Ahora bien, a estas alturas, no parece que pueda haber mucho entendimiento. El gobierno de Pedro Sánchez mantiene la posición que el derecho a la autodeterminación no está reconocido en la Constitución y que la situación de presos y exiliados está judicializada y, por lo tanto, fuera de su alcance. El Govern, sin embargo, se encarga de recordar una vez y otra que la Fiscalía depende del ejecutivo español y que podrían retirar los cargos contra el Govern de Carles Puigdemont y el resto de procesados.
Por su parte, el gobierno de Sánchez ha incluido otro punto al orden del día, el séptimo, sobre las "la participación de la Generalitat en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación", como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Unas reuniones en las cuales Catalunya ha declinado participar en los últimos tiempos tras considerar que los catalanes se merecen una relación bilateral con Madrid y no multilateral, es decir, también con el resto de comunidades autónomas. Sánchez quiere que esten presentes.
Estos dos puntos, de los trece que tendrá la reunión, sólo aceptarán consideraciones de la parte proponiendo -la Generalitat y el Estado respectivamente- y no habrá negociación, como si que se hará con el resto de puntos.
El Govern da margen a Sánchez
A pesar de las diferencias, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha rebajado las expectativas de la reunión asegurando que no esperan ningún acuerdo concreto y ha dado un cierto margen a Sánchez para pasar del "diálogo a la negociación". Según Artadi, el encuentro de este miércoles tiene que servir para priorizar temas, establecer grupos de trabajo y calendaritzarlo todo de cara a una nueva reunión, que se celebraría en Madrid en otoño. Sería entonces, pues, cuando habría "que "materializar" los acuerdos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, Artadi pidió "un punto de paciencia" para resolver el conflicto, a pesar de dejar claro que el tiempo no es "infinito" y que el Govern de Quim Torra no piensa renunciar a la autodeterminación. "El derecho de autodeterminación es de todos los ciudadanos de Catalunya y nosotros no podemos renunciar", remarcó.
Por parte del Gobierno español, la vicepresidenta Carmen Calvo ha puesto en valor que el encuentro ofrece una imagen de "normalidad". "Estamos ante un hecho normal que se había convertido en anormal, y lo tenemos que valorar", ha defendido, añadiendo que quiere que reuniones de este tipo sean habituales y que la "normalidad democrática sea la norma de comportamiento constante con todos los gobiernos autonómicos, incluido Catalunya".
Última reunión: el año 2011
La Comisión bilateral Estat-Generalitat se reunió por última vez el 19 de julio del 2011, cuando todavía gobernaba al socialista José Luís Rodríguez Zapatero y pocos meses antes de que Mariano Rajoy accediera a la presidencia del Gobierno español. Era la antesala del proceso soberanista, que deterioraría cada vez más las relaciones entre los gobiernos catalán y español. La comisión tenía que servir para discutir el despliegue del Estatuto y tenía como principales objetivos negociar los traspasos y la resolución de conflictos competenciales entre las dos administraciones. El mismo Estatuto estable que el órgano se reuniera como mínimo dos veces el año y siempre que lo pidan las dos partes. Ahora bien, desde 2007, año en que empezó a funcionar, sólo se ha convocado ocho veces, y desde el 2011 a la actualidad: ninguna.
Siete años después, Sánchez se propone recuperar este órgano como uno de los marcos para reanudar las negociaciones con la Generalitat. El enrocamiento de las posiciones, sin embargo, con respecto a los presos y a los exiliados -empezando por el presidente Carles Puigdemont, que ha advertido al líder del PSOE que se le acaba el tiempo de "gracia"- y la autodeterminación, no le auguran un camino demasiado fácil ni fructífero. Por el gobierno de Sánchez la unidad de España es una línea roja y por el de Quim Torra es básico no dejar morir el 1-O.
Maragall y Batet liderarán la reunión
La delegación catalana de la reunión estará encabezada por el conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, y también contará con la participación del vicepresidente y conseller de Economia i Hisenda, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, la secretaria de Acció Exterior, Mercè Salvat o el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, entre otros.
Por parte del gobierno español, la comitiva estará liderada por la ministra Meritxell Batet, y contará también con los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez, de Hacienda, Inés María Bardón, de Infraestructuras, Pedro Saura, y de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. Además, también estará la delegada del gobierno español en Catalunya, Teresa Cunillera, y el secretario de la representación del Estado español, José María Pérez.
Retirada de recursos del TC
El orden del día consta de 13 puntos y los dos más polémicos -la situación política y la multilatralitat, que han sido incluidos a petición de la Generalitat y Gobierno español, respectivamente- serán expuestos por la parte proponente, pero no habrá negociación. Los puntos sobre los cuales sí que habrá debate son los relativos al informe sobre la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes de formalizar y el análisis e intercambio de información sobre la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional.
En este último punto, el Govern de la Generalitat sí que prevé que "haya recorrido para avanzar" en el encuentro. De hecho, en las reuniones que ya han hecho los consellers con los ministros del campo correspondiente ya ha habido compromisos en este sentido. La semana pasada el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reunió con la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y ya le aseguró que valoraría la retirada del recurso al TC sobre la ley catalana de comercio.
Financiación, infraestructuras y educación
Fuera del orden del día oficial, y como a punto previo, figura también la presentación de la reunión y de los nuevos miembros de la representación del Estado y de la Generalitat en esta Comisión Bilateral Generalitat-Estat. Además, se procederá a la lectura y aprobación, si procede, del acta de la octava reunión, celebrada el 19 de julio del 2011, y se verá un informe presentado por la secretaría permanente.
De la misma manera, se estudiará otro documento sobre las relaciones de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat catalana y se intercambiará información sobre asuntos pendientes en el ámbito de compromisos económicos y cuestiones fiscales. Otro punto es el en lo referente al intercambio de información sobre inversión en infraestructuras, transporte y cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya, relativo a invertir en territorio catalán una cantidad proporcional que se aporta en el PIB estatal.
Hablarán también de la aplicación de la legislación catalana y española en el ámbito educativo y lingüístico; de la acción exterior de la Generalitat, y de medidas para reactivar los órganos bilaterales de cooperación.