La Comisión de Ética Judicial (un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial) considera que los jueces deben ejercer su libertad de expresión con “mayor moderación” cuando “hablan públicamente de resoluciones judiciales dictadas en procesos en curso” dado que “debe primar su compromiso con el mantenimiento de la confianza de los ciudadanos en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”. Así responde el organismo a una consulta que se le planteó sobre el “encaje ético” de que un juez “exprese en medios de comunicación o en redes sociales o con un comunicado de la asociación a la que pertenece” su parecer sobre las trabas que determinados magistrados quisieron poner a la amnistía durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.
En concreto, la Comisión de Ética Judicial se refiere al “honesto, meditado y sincero convencimiento” que expresó el magistrado de que “determinadas resoluciones judiciales que se dictaron durante la tramitación de la proposición de ley de amnistía trataban de responder o adaptarse al contenido que sucesivamente iba adoptando ese proyecto de texto normativo”. Fuentes del CGPJ indican a ElNacional.cat que las consultas son anónimas y que, por lo tanto, no es posible saber quién hizo la consulta ni a qué juez se refiere el dictamen.
Además, la Comisión de Ética, que tiene la función de orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial, reitera que el juez “goza del derecho a la libertad de expresión” que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, pero debe ejercerlo “de forma que no comprometa o perjudique la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial”. Y subraya que el ejercicio de la libertad de expresión debe ser “aún más moderado cuando se vierten opiniones sobre resoluciones de otros jueces, especialmente si se trata de asuntos en trámite y de elevado interés mediático”.
El juez está “obligado” a la “autocontención” y a la “mesura”
La Comisión esgrime que el derecho a la libertad de expresión “no debería amparar la transmisión de un temor hacia resoluciones judiciales, por fundado que pudiera parecer y aunque se manifieste a través de expresiones respetuosas, objetivas y asépticas”, dado que quien opina “no conoce todos los detalles”, “pone en riesgo el respeto a la imparcialidad” i puede no responder a la “función pedagógica”. El juez está “obligado” a la “autocontención” y a la “mesura” con el fin de que “con su comportamiento no se produzca un efecto opuesto al deseado, como puede ser erosionar otros valores como la independencia o la confianza de la ciudadanía en la justicia”.
“No es correcto tratar de condicionar el Poder Judicial mediante presiones ejercidas por otros jueces”, añade, dado que la “corrección de posibles excesos o desviaciones en la actuación judicial debe realizarse utilizando el cauce que las leyes procesales proporcionan mediante los recursos que en cada caso correspondan”. Además, subraya que los jueces deben alejarse de criticar “resoluciones judiciales en un proceso en curso” porque “conceptualmente implica que se quiere influir en la decisión de otro juez”.
La Comisión de Ética Judicial avaló que los jueces protestaran contra la amnistía
El pronunciamiento de la Comisión de Ética Judicial llega cuatro meses después de que el mismo organismo considerara que las manifestaciones de algunos jueces en contra de la amnistía no son incompatibles con la ética judicial. Esgrimió que la asistencia de jueces a las “concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el Estado de derecho y la independencia de la Justicia” era lícita. Eso sí, siempre que se dé una condición: que haya un “honesto, meditado y sincero convencimiento” en el juez de que la actuación objeto de repulsa “pueda afectar el Estado de derecho”.