La gestión política del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha atravesado fronteras y ya ha recibido un toque de atención desde Bruselas. La Comisión Europea ha emitido una respuesta formal a la pregunta presentada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà (Verts/ALE) sobre las tasas retroactivas impuestas por el gobierno valenciano a las embarcaciones de ayuda humanitaria de rescate en el Mediterráneo, como es el caso del Aita Mari. El estamento europeo alega dudas sobre la legalidad de cobrar estas tasas y alerta de los posibles riesgos en términos de seguridad jurídica que pueden implicar. En concreto, el importe que reclama el gobierno de Mazón en estas embarcaciones llega a los 450.000 euros. La Comisión Europea considera que las tasas provocan "reservas relacionadas con la seguridad jurídica", es decir, una serie de medidas que pueden poner en riesgo los derechos de las organizaciones humanitarias y afectan a sus capacidades para actuar de forma legal y correcta. Las decisiones relacionadas con estas tasas tampoco se regulan a escala europea en los puertos de Borriana, Dénia y otras propiedades de la Generalitat Valenciana, pero ha apuntado que los tribunales españoles tendrían que analizar en profundidad la legalidad de estas medidas.
Coste en vidas humanas
Bruselas ha señalado que la última palabra sobre la gestión de estas tasas la tiene los tribunales españoles. Sin embargo, ha matizado que tienen que ser los Estados miembros de la Unión Europea los que están obligados a garantizar que las operaciones de rescates humanitarios en el mar no se vean obstaculizadas por motivos legales, ya que puede tener repercusiones en las vidas de las personas migrantes y vulnerar las normativas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar y el Convenio Internacional sobre Investigación y Salvamento Marítimo. El pasado mes de septiembre trascendió el cobro de estos 450.000 euros a nueve embarcaciones de salvamento marítimo que, entre 2021 y 2024, atracaron en puertos de gestión autonómica para hacer tareas de reparaciones o descanso del personal, entre los que destacaban además del Aita Mari, otras de Open Arms, Mission Lifeline o Salvamento Marítimo Humanitario, entre otros, encargadas de rescatar a miles de migrantes en alta mar.
La respuesta de Compromís
Desde Compromís han apuntado que la postura de Bruselas dejar claro "que salvar vidas en el Mediterráneo no solo no es un delito, sino una obligación moral de la administración pública". Su eurodiputado Vicent Marzà ha mostrado su satisfacción por la respuesta de la Comisión Europea y ha recordado que "ya lo denunciamos en su momento: estas tasas son, sencillamente, barreras legales que PP y Vox han querido poner para obstaculizar las tareas de rescate en el Mediterráneo". Además, Marzà ha criticado la "hipocresía" del PP y Vox que "se llenan la boca para defender el derecho en la vida, pero cuando mueren 227 personas en unas inundaciones, el presidente esconde la cabeza y no asume responsabilidades. Y cuando mueren personas ahogadas cada día en el Mediterráneo, lo que hace la Generalitat valenciana es perseguir a aquellos que intentan salvar vidas. La incoherencia moral del PP es casi tan grande como su incompetencia".