Se ha elegido un camino de en medio para investigar los abusos a menores de la Iglesia católica. Lo hará siguiendo el modelo de otros países del entorno: una comisión independiente fuera del ámbito parlamentario. Si bien desde el Gobierno compartían la necesidad de abrir una investigación, también planteaban sus recelos a la comisión en el Congreso de los Diputados para evitar que sea un "circo mediático". No en balde, la derecha y la extrema derecha ya están poniendo el grito en el cielo. En ese contexto, hoy han entrado no una, sino dos iniciativas en las Cortes. El grupo parlamentario del PSOE y el del PNV han registrado cada uno su proposición no de ley que insta a su creación. Previsiblemente contarán con los votos necesarios para prosperar en la Cámara Baja, con el apoyo de los grupos de izquierdas, independentistas y nacionalistas. La intención de los socialistas es que la lidere el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y que se sume la Iglesia como institución. El ministro Félix Bolaños ha explicado que están a la espera de una respuesta.

 

El texto registrado por el PSOE insta al Defensor del Pueblo a “la elaboración de un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, con el apoyo de una comisión independiente de asesoramiento”, y que este informe sea remitido a las Cortes. La PNL hace referencia a los casos de Francia, Reino Unido, Alemania, Irlanda o Portugal, y reivindican el derecho a la información, el reconocimiento y la reparación. Esta comisión estaría "integrada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia católica". No trabajan con plazos concretos.

 

La iniciativa del PNV, en cambio, no menciona al Defensor del Pueblo. El texto insta al Gobierno a “constituir un grupo de trabajo formado por personas independientes” para investigar las “numerosas” denuncias. Este informe, que debería elaborarse en el plazo máximo de un año, debería “reflejar las evidencias encontradas” y plantear medidas. El documento sería presentado en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados y a partir de ahí “corresponderá a los grupos políticos impulsar, a través de las vías reglamentarias oportunas, las iniciativas que consideren adecuadas con respeto a las recomendaciones del informe”.

 

De esta manera podría aparcarse la comisión de investigación parlamentaria que registraron Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, como plantean los socialistas. El texto registrado hace dos semanas señalaba que el objeto de la comisión era "investigar las agresiones sexuales a la infancia y la adolescencia cometidas por miembros de la Iglesia católica". Este sería el primer paso para después "poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y atención a las víctimas de esta lacra", añadía la iniciativa conjunta. Otros grupos como el PNV plantearon que se canalizara a través de una comisión de expertos, una alternativa que también cuenta con el apoyo de los grupos impulsores de la comisión parlamentaria.

A pesar de todo, desde de Unidas Podemos no cierran la puerta a la comisión de investigación parlamentarias. Fuentes del grupo parlamentarii sostienen que "no es incompatible", sino iniciativas "complementarias". En este sentido, recuerdan que el Congreso es un espacio donde pueden venir a comparecer todos y a más un espacio donde no se puede mentir", a diferencia de la comisión de expertos.

Tan pronto como se registró la comisión parlamentaria, el presidente español Pedro Sánchez hizo saber su intención de investigarlo. El jueves pasado se reunió en La Moncloa justamente con el escritor barcelonés Alejandro Palomares, que hizo público su propio caso. Palomares salió del palacio presidencial con el compromiso de la comisión de expertos. "Las víctimas no pueden continuar silenciadas. Es hora de reparar vuestro dolor y evitar que vuelva a suceder. Con el compromiso que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia no queden impunes", aseguraba ayer el dirigente socialista.

Otras instituciones públicas españolas han impulsado iniciativas en la misma línea. Hace una semana, la Fiscalía General del Estado informó que había ordenado a los 17 fiscales superiores de toda España que le hicieran llegar en un plazo de 10 días los procedimientos penales en tramitación que hagan referencia a agresiones y abusos sexuales a menores de edad dentro de las congregaciones, escuelas y cualquier otra institución religiosa.

El ejemplo de Francia

Esta iniciativa ya se ha producido en otros países del entorno, como Francia. El pasado octubre, una comisión independiente publicó su informe después de dos años y medio de trabajo, y concluyó que al menos 216.000 menores fueron abusados en los últimos 70 años en el seno de la Iglesia francesa. Una cifra que aumentaría hasta los 330.000 si se tienen en cuenta los abusos cometidos por laicos. Como consecuencia del estudio, la Conferencia Episcopal Francesa admitió la "responsabilidad institucional" y la "dimensión sistémica" y se comprometió a vender patrimonio para indemnizar a las víctimas. Lo más parecido en nuestra casa es la comisión impulsada por el Síndic de Greuges.