El Congreso de los Diputados ha cerrado por la puerta de atrás la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, impulsada por el PSOE el pasado mes de marzo como respuesta al caso Koldo. Hace dos semanas, se tenía que aprobar la prórroga de los trabajos (que siempre tienen un plazo máximo inicial de seis meses), pero la negativa de PP y Vox, sumada a la de Coalición Canaria (que ostentaba la posición del Grupo Mixto, del que también forman parte Podemos, el BNG, UPN y José Luis Ábalos) llevó a los socialistas a desconvocarla a última hora para evitar quedar retratados en la votación. Eso ha vertido la comisión a un final precipitado. Tenía que aprobar sus conclusiones como mucho este miércoles, 2 de octubre, pero tampoco se ha reunido y ha acabado muriendo en silencio. Lo que empezó siendo una respuesta a bombo y platillo contra la corrupción, se ha disuelto sin hacer ruido. El PSOE no ha querido ni que se debatieran y aprobaran unas conclusiones, mientras que el PP ha presentado las suyas reclamando la dimisión de Salvador Illa, Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres y pediendo auditorías a los ministerios de Interior y de Sanidad.
Este final abrupto y anticipado de los trabajos de la comisión impedirá que tengan lugar la gran mayoría de comparecencias previstas. El listado que se aprobó el mes de abril después de un acuerdo entre el PSOE y los socios de investidura incluía 137 comparecencias, pero no se han llegado a citar ni el 25% de las previstas. La comisión ha celebrado diez sesiones y ha acogido 21 comparecencias, muy lejos de los objetivos fijados. Entre las comparecencias que no han tenido lugar, quedaban pendientes las de José Luis Ábalos, ministro de Transportes durante la pandemia, y Koldo García, que era su asesor en aquel momento. Los dos sí que han llegado a dar explicaciones en el Senado.
Además, el PSOE tampoco ha podido culminar su estrategia de apuntar contra el PP, ya que no se ha llegado a citar muchos de los nombres que los socialistas pusieron sobre la mesa: Miguel Tellado (portavoz del PP en el Congreso porque su nombre aparece al sumario de la investigación), Elías Bendodo (que fue consejero de la Junta de Andalucía los meses de la pandemia), Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (presidente de Andalucía), Alfonso Rueda (presidente de Galicia) o Fernando López Miras (presidente de Murcia).
Salvador Illa y Francina Armengol, dos de los protagonistas de la comisión
Del total de 21 comparecencias, las cuatro principales han sido las de Salvador Illa (exministro de Sanidad, líder del PSC y actual president de la Generalitat), Francina Armengol (expresidenta de las Illes Balears y presidenta del Congreso), Ángel Víctor Torres (expresidente de las Islas Canarias y ministro de Política Territorial) y Marga Prohens (presidenta de las Illes Balears). En su momento, Salvador Illa reconoció que cuando era ministro habló con Koldo, pero aseguró que el Ministerio Sanidad no aceptó su oferta. “La pandemia sacó a la superficie al mejor de la sociedad y el peor de unos cuantos”, lamentó. Por su parte, Francina Armengol admitió que conocíó a Koldo, pero negó con “rotundidad” que hablara con él de ninguna empresa y sostuvo que “nadie recibió órdenes o presionó para que se comprara” a Soluciones de Gestión.
Asimismo, también han comparecido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y sus homólogos autonómicos (entre los cuales, Miquel Salazar, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya) para exponer las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia durante la pandemia. El otro eje principal de la comisión ha sido el conocido como caso mascarillas de la Diputación de Almería: entre otros, han sido citados el actual presidente, Javier Aurelian García, y el exvicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia.
La polémica por la solicitud de comparecencia de tres fiscales
El arranque de la comisión no estuvo exento de polémica. El PSOE accedió inicialmente a añadir la comparecencia de tres fiscales a petición de Junts y Bildu, pero se acabó desdiciendo después de los recelos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de dos ministros socialistas, Félix Bolaños y Margarita Robles, que desautorizaron públicamente a su grupo parlamentario y se opusieron a ello. Eran Ignacio de Lucas Martín (el fiscal de la Fiscalía Europea que investiga las presuntas irregularidades en las Baleares y en las Canarias), una comparecencia que pedían los juntaires, y Alejandro Luzón (el fiscal cabe Anticorrupción de España) y Codruta Kovesi (la fiscal jefe de la Fiscalía Europea), dos citas que pusieron sobre la mesa a los abertzales. Finalmente, el PSOE hizo pinza con el PP y consiguió eliminar los tres nombres de la lista. ERC y Junts votaron en contra.
Todo estalló después de que el fiscal general del Estado pidiera por carta al presidente de la comisión de investigación, Alejandro Soler, que “se reconsiderara la decisión de citar a comparecer al fiscal jefe Anticorrupción”. Fuentes del Ministerio Fiscal argumentaron que la comparecencia del fiscal podría “perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal” y podría constituir un “inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada”. Posteriormente, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consideró que “no tiene sentido” que los fiscales tengan que declarar sobre “temas que están instruyendo y están conociendo en su condición de fiscales” y la ministra de Defensa sostuvo que “llevar jueces y fiscales en el ámbito de comisiones no es el procedimiento más adecuado porque ellos tienen un trabajo a hacer”.