JxCat ha hecho llegar al resto de grupos del Parlament una contundente propuesta de resolución para crear la comisión de investigación sobre "las estructuras de corrupción vinculadas a la familia real española y a personas que están o han estado relacionadas", así como para investigar las presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales.

El borrador de la propuesta, según el texto que JxCat ha hecho llegar al resto de grupos, plantea crear una comisión de investigación sobre las actividades irregulares y delictivas de personas vinculadas a la familia real, entre las cuales incluye "las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera del territorio de Catalunya".

Según este texto, los contenidos básicos de la comisión son, junto a las "estructuras de corrupción", las actuaciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Catalunya los días posteriores al referéndum del 1-O.

El tercer objetivo son las "presuntas cuentas irregulares del anterior jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas, la procedencia de este capital, y las otras actividades irregulares o delictivas de estas personas que se puedan derivar de las declaraciones de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein".

En la exposición de motivos de la resolución se recuerda las gestiones hechas por Felipe VI para favorecer la salida de la sede de grandes empresas de Catalunya, así como la sentencia de la Audiencia de las Balears por el caso Nóos en que se consideró probado que el marido de la infanta Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin, se benefició de su posición como miembro de la familia real para cometer delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Asimismo, recuerda que las últimas semanas se ha hecho pública la existencia de grabaciones con declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que señalaría la responsabilidad también de otras personas vinculadas a la familia.

"El Parlament, que representa al pueblo de Catalunya, tiene la obligación política de investigar las actividades presuntamente irregulares o delictivas llevadas a cabo por personas vinculadas a la familia real y a la más alta representación del Estado", se asegura en la exposición de motivos del texto, que concluye que esta comisión es todavía más necesaria después del veto de la Mesa del Congreso de Diputados a la creación de una comisión similar.

Para que la comisión prospere necesita el apoyo de dos grupos o una quinta parte de los diputados, según el reglamento del Parlament que, en el artículo 67, fija que los grupos pueden crear una comisión de investigación "sobre cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalitat".

Las conclusiones de la comisión se tienen que aprobar en el pleno del Parlament y ser comunicadas al Govern, "sin perjuicio de que la Mesa del Parlament también pueda comunicarlas al ministerio fiscal".

La comisión podrá incorporar especialistas en un número no superior al de diputados miembros de la comisión. De momento, ERC ha mostrado la disposición a apoyar la iniciativa, lo cual garantizaría el apoyo necesario para sacar adelante la propuesta.