La comisión de estudio sobre el modelo policial en el Parlament de Catalunya ha llegado a su fin. Un final que ha llegado después de meses de trabajo, después de celebrar una veintena de sesiones y más de un centenar de comparecencias. La sesión de este viernes ha votado las conclusiones, que han presentado todos los grupos parlamentarios excepto el PP. Y la disparidad de puntos de vista ha hecho fracasar alguno de los elementos clave que tenían que salir, como un mecanismo externo e independiente de fiscalización de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Lo había planteado tanto ERC como la CUP y los comunes, pero Junts ha votado en contra. En cambio, sí que se ha llegado a un consenso de mínimos para estudiar la retirada de armas como las balas de foam por su lesividad. En resumen, en lo más ambicioso, se ha avanzado muy poco. Entidades de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Irídia, han estado presentes en la cámara catalana siguiendo las votaciones. A la salida han hecho un balance agridulce.
La gran iniciativa que podía salir era un mecanismo externo de control de las actuaciones de los Mossos. Lo había planteado ERC en sus conclusiones: "Crear un mecanismo de control concreto y determinado, e independiente, de supervisión y control de las actuaciones de los profesionales de la seguridad de los servicios policiales y de la seguridad privada". También los comunes y la CUP: "Un mecanismo externo, público e independiente de control, investigación y evaluación de las actuaciones policiales que tenga la defensa de derechos humanos en el centro". Incluso el PSC a través del Síndic de Greuges. Pero todas ellas han sido rechazadas con el voto en contra de Junts per Catalunya, que ha defendido que el modelo policial catalán es "ejemplar".
El otro gran elemento que estaba encima de la mesa. Sí que se ha conseguido un consenso de mínimos con respecto a las herramientas que utilizan los antidisturbios en la represión de las protestas. Las iniciativas de CUP y comunes que pedían prohibir el foam han naufragado por ERC y el PSC, que han perseguido aguarlo. Finalmente lo que se ha aprobado es una transaccional de Junts per Catalunya y los comunes que pide "retirar urgentemente los proyectivos más lesivos (SIR-X) de las lanzadoras de proyectiles viscoelásticos". De la misma manera, sí que se reclama "estudiar la sustitución del uso de balas de foam por otros medios igual de eficaces y potencialmente menos lesivos". Finalmente, también se llega al entendimiento de "prohibir las técnicas de carrusel y cualquier otra potencialmente peligrosa para la seguridad de los manifestantes". Ha salido con la abstención de los republicanos.
En el terreno del orden público, la mayoría de la comisión también ha exigido a las Cortes españolas la "supresión de los aspectos lesivos" de la ley mordaza, "imprescindible a fin de que ningún cuerpo policial actuando en Catalunya contradiga las conclusiones de los últimos debates parlamentarios sobre el modelo policial". También, en una transaccional de ERC y los comunes, se ha aprobado crear una oficina que esté presente como mínimo en las ocho capitales de veguería y esté "especializada en la reparación y la atención emocional y psicológica de las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos, cometidos en el marco del uso de la fuerza de los cuerpos policiales." Por lo que respecta a la Comisaría General de Información, se ha aprobado que "rinda cuentas ante la Comisión de Materias Secretas y Reservadas del Parlament" obligada a facilitar toda la documentación solicitada por los diputados.
Balance agridulce de organizaciones
Las organizaciones de derechos humanos presentes en la sala de grupos del Parlament han hecho un balance agridulce a su salida. Por una parte, su portavoz Anaïs Franquesa ha lamentado que "tanto Irídia como Amnistía Internacional lamentamos profundamente que hoy el Parlameno de Catalunya haya acordado no dar el primer paso para un mecanismo independiente". Sin embargo, han valorado positivamente otras cuestiones, como la retirada de los proyectiles SIR-X, que no se puedan llevar a cabo prácticas como el carrusel de dispersión de manifestantes o la creación de una oficina de atención a víctimas de la violencia institucional.