El Congreso ha anticipado el final de la comisión de investigación sobre la presunta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz. El desacuerdo de los partidos ha llevado a que no se renovara su mandato, que formalmente acaba el 8 de junio. Los grupos acordaron por mayoría ampliar el plazo hasta finales de año, pero nadie se ocupó de llevarlo al pleno. Ahora, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PNV y Grupo Mixto exigen uno extraordinario donde se decida sobre su continuidad.

El presidente de la comisión, Mikel Legarda, ha denunciado que la comisión se haya cerrado "en falso", y sin haber cumplido ninguno de los objetivos que se había marcado. "¿Si no se ha querido que existiera esta comisión, entonces para qué se creó"?, se ha quejado. La cuestión es que las desavenencias entre los partidos han sido el detonante a lo largo de las últimas semanas de que el órgano no avanzara, una vez el exministro del Interior y el exdirector de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, comparecieron en la cámara baja para ser interrogados, el pasado 5 de abril.

Por una parte, Unidos Podemos denunció la semana anterior la acción de la "triple alianza" y, en concreto, del PSOE, ya que estos últimos exponían que no habían podido estudiar todavía el elevado volumen de información disponible. A su vez, el Partido Popular considera que no hay caso, no se debería de citar a nadie más y da los trabajos por acabados. Por eso, se han negado a alterar el pleno de esta semana –que además, era el de presupuestos. Cs les ha dado apoyo, y como hacía falta unanimidad para modificar el punto del día, no se ha podido hacer.

Los nombres de los asistentes también traían polémica. Los grupos de la oposición piden la presencia del exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, la del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y la de excomisarios policiales como José Villarejo o Eugenio del Pino, entre otros, y no descartan volver a llamar a Fernández Díaz. La cuestión es que tanto PP como PSOE se negaron en un inicio a que los comisarios fueran interrogados, pero ahora los socialistas afirman que no se opondrían a las solicitudes de ERC, el PDeCAT y de Unidos Podemos.

En consecuencia, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PNV y Grupo Mixto se han conchabado para forzar un nuevo pleno. De acuerdo con el Reglamento, este es convocado por su presidente por propia iniciativa, o a solicitud del Gobierno –que así lo hizo para el decreto ley de reforma de la estiba– pero también a instancias de al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de la Cámara, mínimos que estos cinco grupos cumplen holgadamente. Cs dice que no se opondrá, y todo dependerá de Ana Pastor: el pleno se debería convocar antes del 9 de junio para que la comisión no se extinga.